by Durante la última semana, en los medios de comunicación oficiales, es decir, serviles al poder, hemos visto como vuelve a resonar con insistencia la palabra “terrorismo”, “terrorista” y con ello la famosa ley que lleva su nombre. En este artículo reflexionamos en torno dos acontecimientos, una noticia referida a un artefacto de ruido que sonó fuera de una comisaria de Puerto Montt y sobre un proyecto de resolución, de la cámara de diputadas y diputados de chile, que declara como “asociaciones ilícitas terroristas” a diversas organizaciones de resistencia mapuche.
El lunes 30 de mayo se dio a conocer por medios de prensa oficial que Giovanna Moreira, delegada presidencial en la Región de Los Lagos, proveniente del Partido Liberal, a nombre del Ministerio del Interior presentó “una querella por ley antiterrorista contra quienes resulten responsables de hechos acontecidos en inmediaciones de la octava comisaria de Carabineros en Puerto Montt, instruyendo al ministerio publico realizar todas las diligencias necesarias para establecer estos hechos” (diario el Llanquihue, 31 de mayo 2022). La flamante y joven autoridad, militante del Frente Amplio, recalcó que la colocación de una bomba de ruido el día 25 de mayo “no constituyen instancia de dialogo en un país democrático”[1].
Un día después, el 31 de junio, la cámara de diputados, con la presencia de la ministra del Interior, Izkia Siches, y su par de Defensa, Maya Fernández, aprobó proyecto de resolución que declara distintas organizaciones de resistencia mapuche como “asociaciones ilícitas de carácter terrorista”, entre las cuales se encuentra: Coordinadora Arauca Malleco, Resistencia Mapuche Malleco, Resistencia Mapuche Lafkenche, y Weichan Auka Mapu[2].
Ambas declaraciones, sin vinculación aparente una con la otra, tienen en común apelar a una ley que parecía olvidada de la política del estado, ya que el propio gobierno tiránico de Piñera había desistido de “invocar” (como lo solíamos escuchar del destituido primer ministro y primo de Piñera Andrés Chadwick). Además, ambas noticias se refieren a situaciones ocurridas en la llamada Macro zona Sur, una referida a un artefacto explosivo, o bomba de ruido puesta en las afueras de una comisaria; otra referida a los grupos de resistencia mapuche que reivindican la autonomía territorial.
El hecho de que dos poderes del estado apelen a la existencia de terrorismo en territorio chileno, es preocupante y grave. Por una parte, en el caso de artefacto de ruido que detonó a las afuera de una comisaria de carabinero de control de orden público, el daño fue nulo. Así lo afirma el diario el Llanquihue del miércoles 1 junio: “Aún no está claro qué tipo de bomba es la que explosionó en calle deber cumplido, en población Miramar. Solo se sabe, por ahora, que causó un gran estruendo”[3]. Por otro lado, en el caso de la resolución de la cámara de diputado donde se solicita a Boric que “instruya a la oficina de contraterrorismo de Estados Unidos y al consejo de la Unión Europea a declarar […] como organizaciones terroristas”[4] a diversas expresiones de resistencia de Mapuche, a pesar de lo absurdo de las suposiciones de sus autores (y, además, de solicitar el apoyo de Europa y EEUU, lo que es una descarada formas de colonialismo), se está acusando de terrorismo sin que siquiera se revisen los parámetros internacionales para realizar dicha afirmación. Lo peor es que los tres diputados que redactaron esta resolución no tienen autoridad moral ni intelectual para realizar dicha acusaciones. Ellos fueron: Camila flores, pinochetista declarada que niega el terrorismo de estado cometido por el genocida; Andrés Longton, personaje salido y creado en la industria del espectáculo y Reality Show; Miguel Mellado, corrupto empresario de la IX región.
Al margen de revisar si recurrir a terrorismo sea legítimo o no, a pesar de que la ley 18.314 ha demostrado ser inútil en perseguir este tipo de delitos, en ambos casos se observa una alineación del gobierno con su supuesta oposición. Una alineación en defensa del modelo económico neoliberal, principalmente extractivista. Puede ser que por falta de experiencia de este gobierno o por la insistencia en crear pánico entre los sectores populares, de promover el rechazo en la opinión publica respecto a los movimientos que cuestionan el modelo político económico y sobre todo el movimiento mapuche por la liberación del Wallmapu. Es decir, se busca más un efecto en el ámbito social, además de la criminalización de los legítimos movimientos de resistencia, donde la estigmatización de la violencia política como forma de resistencia se reduciría a meras categorías jurídicas de “delito y terrorismo”, anulando el trasfondo político e histórico que sustentan este tipo de acciones.
Si bien esta forma de criminalización y forma de incidir en la opinión pública se caracteriza por ser una insistencia histórica de los sectores ricos de imponer un orden que constantemente ha sido desfavorable para los pueblos. Actualmente, también se adhieren con mayor fuerza los sectores de la social democracia (como el actual gobierno) ya que son quienes aspiran en encauzar las demandas sociales por la vía de la institucionalidad, sin mayor cuestionamiento alguno del modelo político económico actual, que fue la principal reclamación del llamado “estallido social”. Sepultar bajo el cumulo de noticias que vendrán sobre este tema la legitimas reclamaciones de octubre del 19, así como todas las demandas territoriales del pueblo mapuche. Lo que se busca es más un efecto en el ámbito social, más que resultado judiciales, ya que la de las veces que se ha invocado esta ley, han sido 127 imputado, en 21 procesos y solo han sido condenados 2 personas, uno de ellos informante de carabineros (el caso de Raúl Castro Antipan)[5]. Se trata de lograr la paz social por la fuerza, porque impere un orden y unidad nacional, recurriendo a crear una imagen criminal de los movimientos de resistencia. Se “Invoca la Ley antiterrorista” como si se tratara de exhortar el antiguo y poderoso espíritu del orden y la ganancia al que todos le deben obediencia. Es el Orden de Portales que viene de los comienzos de la república de chile, un orden que se debe defender como razón de estado y que en este momento defienden todos los partidos oficiales, desde el comunista hasta el republicano. Ese será la base para “dialogar” según el nuevo gobierno.
[1] https://www.ellanquihue.cl/impresa/2022/05/31/full/cuerpo-principal/2/
[2] https://www.latercera.com/nacional/noticia/camara-de-diputados-declara-a-la-cam-y-otras-tres-organizaciones-radicales-como-asociaciones-ilicitas-de-caracter-terrorista/RZYPRDJ6QJEORBWNIYHQMZDI6E/
[3] https://www.ellanquihue.cl/impresa/2022/06/01/full/cuerpo-principal/4/
[4] Ver detalles de votación en https://www.camara.cl/legislacion/sala_sesiones/votacion_detalle.aspx?prmIdVotacion=38714
[5] https://ellibero.cl/actualidad/la-letra-muerta-de-la-ley-antiterrorista-solo-dos-condenados-en-quince-anos/
