by En todo Wallmapu, a ambos lados de la cordillera, han surgido numerosas expresiones de lucha y resistencia, a través de reivindicaciones de tierra, revitalización de nuestra cultura y acciones de sabotaje, entre otras. En Ngulumapu (chile) esto ha significado que el gobierno de Piñera decrete Estado de Excepción en cuatro provincias, militarización efectiva que ya dejó un muerto (Yordan Llempi) y varios heridos por disparos de infantería. Así las cosas, por medio de variadas acciones, las organizaciones mapuche y lof en recuperación se han enfrentado a las inversiones de diferentes grupos empresariales y de latifundistas, poniendo en jaque los privilegios de quienes actualmente se benefician directa o indirectamente de la usurpación territorial del Wallmapu, consumada a fines del siglo XIX. Ya sea desde la mal llamada pacificación de la Araucanía o la conquista del desierto -ambos eufemismos para nombrar a los procesos de ocupación y genocidio sobre nuestros kuivikeche yem-, hay dos estados-nación, con diferentes banderas pero bajo un mismo proyecto colonial, que se han organizado y coordinado históricamente para tratar en conjunto “el problema del indio”.
Como antecedente moderno de esta situación tenemos el caso de Luis Quinchavil -militante del MCR- durante dictadura, quien fuera detenido y desaparecido por coordinación de servicios de inteligencia de ambos países, una colaboración que se proyecta en el tiempo y va tomando protocolos y formas democráticas, pero con el mismo espíritu represivo de sus antecesores. Recientenemente, estos dos Estados organizaron, a principios de noviembre, reuniones de carácter urgente entre sus ministerios del interior respectivos, tomando acuerdos no públicos para coordinar de mejor manera la represión a los lof y dirigentes más activos en la lucha. A pocas horas de estas conversaciones, medios de prensa oficiales de argentina revelaron que tres ciudadanos de nacionalidad chilena fueron detenidos portando municiones y ropa de camuflaje, en el sector Cerro Mahuida, localidad cercana a Neuquén que limita con las fronteras del estado chileno. Uno de los detenidos, que poseía doble nacionalidad, fue calificado inmediatamente como supuesto “activista mapuche”, activando una serie de especulaciones y afirmaciones tendenciosas de parte de los medios oficiales y gobiernos de ambos países.
Sumado a esto, el pasado 9 de noviembre el Machi Cristóbal Tremigual, Lawentujo Norma Navarrete Vargas y Sungumachife Maria Elena Lemui, del territorio de la Fütawillimapu, denunciaron una situación de maltrato, discriminación y prejuicio vivido en la frontera chileno-argentina. Con la intención de viajar al puelmapu a realizar medicina mapuche y habiendo cumplido con todos los protocolos sanitarios requeridos, fueron obligados a esperar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, luego son notificados de que no los dejarían pasar, sin darles mayor explicación Con esto podemos evidenciar el racismo por el cual son ejecutadas las leyes chilenas y argentinas, además quedando en claro que sus instituciones responden a mandatos desde arriba y coordinadas entre los gobiernos.
Así mismo nos hace recordar con urgencia que este tipo de operaciones no es nueva, en el pasado reciente ya han intentado involucrar al movimiento mapuche autónomo en burdos montajes. Como lo fuera la reciente “operación huracán”, en la que el año 2017 el ministerio del interior chileno, los pacos y sus supuestos sistemas de inteligencia montaron una seguidilla de pruebas falsas para encarcelar a dirigentes mapuche. Tras la fallida operación quedó claro la desesperada arremetida estatal a costa de montajes, profundizando la criminalizacion y persecución política a la cual es sometida el pueblo mapuche en lucha.
Pero lo que nos alarma, es una arista un tanto desconocida de este plan denominada “operación andes” (la cual no alcanzó a ser ejecutada tras la estrepitosa caída del general Blu, Alex Smith y compañía), en donde se descubre que ya estaban listas las falsas pruebas, chats y mapas para enjuiciar y culpabilizar a los lofche en lucha, por supuesto tráfico ilegal de armas en la frontera de Chile y Argentina. Aquí podemos ver con claridad que existió una coordinación permanente, con una agenda privada entre el ex subsecretario del interior Mahmud Aleuy y la ex ministra Patricia Bullrich, es decir entre el estado chileno y argentino, para criminalizar y contrarrestar a toda costa el aumento de la organización y resistencia de pu lof, comunidades y orgánicas mapuche en ambos lados de la cordillera.
El caso en el que con más descaro se da cuenta de la coordinación en políticas represivas entre ambos países es el caso del Lonko Facundo Jones Huala, quien fuera detenido en Argentina el 2017 mientras se celebraba una reunión entre los entonces mandatarios de ambos países, Bachelet y Macri. Jones Huala fue extraditado al año siguiente, con extremo sigilo y sin aviso a él ni su defensa, y traído a territorio chileno para ser juzgado por el caso Pisu Pisué (inciado el 2013 y existiendo desde 2015 diligencias internacionales para dar con su paradero), siéndole negada hasta el día de hoy la libertad condicional por presiones políticas del gobierno chileno y argentino, a pesar de cumplir con los requisitos y de tener todos los recursos presentados por su defensa.
Puesto que ambos Estados, independiente de si gobierna la izquierda o la derecha, nos encontremos bajo un régimen democrático o dictatorial, están salvaguardando el latifundio y los mega proyectos extractivistas en nuestra mapu, y para estos fines están dispuestos a incriminar y crear elaborados planes con un alto gasto de recursos fiscales en los cuales pu lamuen involucrados terminan encarcelados o asesinados, no descartando en absoluto la coordinacion y colaboración entre sus respectivas policías y servicios de inteligencia. Finalmente, no podemos olvidar que los medios de comunicación tradicionales y oficialistas han servido de portavoces para estos pactos políticos, dándoles respaldo y enjuiciando públicamente las luchas de nuestro pueblo para manipular a la opinión pública, abriendo el camino para agudizar la represión estatal por medio del escarnio público.
