by [COLUMNA DE OPINIÓN]
La declaración de estado de excepción en la “macro zona sur” este 12 de octubre de 2021 (en la provincia del Bío-Bío, Arauco, Malleco y Cautín) implica el despliegue de “apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones, así como de apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte, a los procedimientos policiales que se desarrollan en la zona” (extraído de prensa.presidencia.cl). Esta decisión de estado, anunciada justo en una fecha en que los pueblos originarios recuerdan su preexistencia al estado nación y su lucha contra todo tipo de colonización, se sustenta sobre la premisa de “la presencia de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado”, ignorando totalmente la presencia de un conflicto histórico de carácter político territorial entre el estado y el pueblo mapuche, y de las consecuencias que puede traer la agudización de la represión en un territorio ya militarizado.
La causa mapuche de carácter autonomista considera la violencia política como una forma legítima de autodefensa para exigir el derecho a la tierra y a la autodeterminación frente a un estado colonial, que sólidamente a través de la historia no ha titubeado en perpetuar el despojo, la impune represión de comunidades y el fomento de la actividad económica extractivista sobre el territorio. Evidentemente para el estado el conflicto histórico con el pueblo mapuche resulta un peligro para el desarrollo de sus intereses económicos, como también para el terrateniente/latifundista que ocupa cargos representativos en la clase política-empresarial. El estado colonial de Chile carece de argumentos históricos y jurídicos contundentes para contra argumentar la postura mapuche y justificar el despojo de tierras. Una de las estrategias para evitar que sus intereses económicos corran riesgos en territorio mapuche es criminalizar a través de la instalación en la opinión pública la existencia de narcotráfico, crimen organizado y tipificar de “acto terrorista” las acciones de legítima defensa de las comunidades sobre las empresas extractivistas que ponen en riesgo la forma de vida mapuche. Todos estos conceptos jurídicos estratégicamente señalarían la presencia de “ilícitos” y por tanto para cualquier estado es algo que debería tratarse a través del uso de la fuerza pública.
De esta forma, levantar la presencia de un enemigo interno a través de montajes (que ridículamente han sido comprobados), tal cual lo hizo el gobierno actual con el pueblo chileno durante la revuelta de octubre de 2019 –donde se habló de una “guerra” frente a un “enemigo poderoso y organizado” cuando se trataba de un pueblo exigiendo sus derechos- resulta ser la estrategia que no da espacio a la solución de un conflicto político ya que “no existe posibilidad de dialogo con la violencia e ilegalidad”. Lo que hace la clase política a favor de la represión en territorio mapuche es más minucioso aún, no tienden a atribuir directamente estos “crímenes” al pueblo mapuche ya que sería estigmatizarlo, algo éticamente y moralmente incorrecto, sino más bien tienden a resaltar la figura del mapuche pacífico abierto al dialogo (como un deber ser), por más que las instancias de “dialogo” sean en condiciones totalmente desiguales, mientras que el mapuche dispuesto a usar métodos de autodefensa sería sencillamente un “criminal” o un “narcoterrorista”.
Es así como se busca validar como vía de solución del conflicto, como la única vía legítima, el “dialogo” dentro de los parámetros de la legislación chilena (evidentemente en condiciones desiguales entre estado chileno y pueblo mapuche) y bajo el integracionismo institucional (a través del fomento de la participación mapuche en la institucionalidad chilena como la convención constituyente), mientras que la lucha autonomista que promueve el control territorial y la autodeterminación sería derechamente calificada como una vía criminal e ilegitima. De esta manera lo expresa la terrateniente UDI Ena von Baer -poseedora de más de 45 mil hectarias en el sur y que tiene un pasado familiar nazi- tras su petición de extender el estado de emergencia hacia la Región de Los Ríos, en sus palabras: “esto se trata de narcoterrorismo y control territorial” (diariofutrono.cl), asociando un ilícito a un concepto de la lucha autónoma. Resulta curioso que no utilice la palabra “usurpación”, término con que los latifundistas califican las recuperaciones territoriales llevadas adelante por pu lof en resistencia, sino que se apropia del término “control territorial”. Esto debe entenderse por un intento de criminalizar el propio lenguaje de las comunidades -la legisladora roba el termino a los pu lof- asociándolo directamente con un grave delito como lo es el narcotráfico.
En resumen, las opiniones de la senadora y el anuncio del gobierno buscan generar un clima de odio hacia el mapuche en resistencia, criminalizando y culpándolo del narcotráfico en la “macro zona sur”, juzgando las acciones de resistencia como “terrorismo”. Su lenguaje busca generar una actitud racista en el común del ciudadano chileno, una estrategia para la justificación de la acción policial y militar que cuida el negocio forestal y el latifundio. Por lo que debemos reivindicar el control territorial como parte esencial del camino que llevará a nuestro pueblo a la liberación de un estado chileno profundamente racista y colonial.
