by Durante la madrugada de este miércoles 18 de diciembre, efectivos de la PDI allanaron de forma simultánea trece viviendas en Chausrakawün-Osorno y en San Juan de la Costa, todas ellas de miembros de las recuperaciones territoriales de Künko Mawisam y Winkul Küsra. Lo anterior está englobado en el marco de un operativo policial encabezado por la Coordinación de la Macrozona Sur y la Fiscalía Regional de Los Lagos, en el cuals se ha hecho uso de las leyes represivas aprobadas por el gobierno de Boric como la Ley Antitomas y Nain Retamal, para criminalizar a todos aquellos que hoy están ejerciendo control territorial en Künkomapu, en una redada bautizada por el Estado chileno como “Operación Trancura”.
Künkomapu, Fütawillimapu.– Durante la mañana de este míercoles 18, el Machi Cristobal Tremigual hacía de conocimiento público el allanamiento llevado a cabo en la vivienda de su madre, ubicada en el sector de Los Hualles, comuna de San Juan de la Costa. En aquel instante, denunció cómo los habitantes del hogar fueron apuntados con pistolas en la cabeza, de cómo destruyeron el interior de la vivienda, y de cómo irrumpieron en su srewe y en la sruka en donde atiende a sus pacientes.
En menos de dos horas, y a medida que se iba difundiendo la información, se iba conociendo que no sólo está vivienda había sido allanada, sino que trece habían sido las intervenidas al mismo tiempo por los aparatos represivos del Estado. A las 10:30 de la mañana, la Fiscalía Regional de Los Lagos en conjunto con la PDI, darían a conocer este operativo en Conferencia de Prensa. Durante ésta, la Fiscal de Osorno, María Angélica de Miguel se jactaba de lo acontecido, señalando que:
“El Estado no podía ingresar a estos sectores desde hace uno o dos años porque los agentes eran repelidos con disparos, piedras y otras formas de violencia. Esta es una muestra de que el Estado ingresará a cualquier parte del territorio nacional donde sea requerido”.
Operación Trancura: Hacia la criminalización de la resistencia en la Fütawillimapu
Desde que Piñera asumió su segundo mandato en 2018, el gran miedo de los colonos latifundistas y sus organizaciones de clase-raza como la SOFO, SAVAL, SAGO y AgroLlanquihue, es que se extendiera la llamada “Zona Roja” como una mancha de aceite hacia las regiones de Los Rios y Los Lagos. No por nada, el por aquel entonces intendente, Harry Jürgensen Caesar, en conjunto con su hijo, el diputado Harry Jurgensen Rundshagen, serían quienes gestionaran en aquel año la inclusión de la Región de Los Lagos a la llamada Macrozona Sur del Ministerio del Interior, con el fin de disponer de una mayor coordinación represiva en caso de que ésto sucediera.
A partir del año 2021, comenzó una nueva ola de recuperaciones territoriales en la Fütawillimapu como no se veía desde los años 50 del siglo XX. Y tal como en aquella época, todas éstas fueron calificadas por los colonos como “usurpaciones”, siendo además criminalizadas como supuestos actos de “violencia rural”. Por ello, no es de sorprender que desde un principio, el Estado chileno pusiera en la mira en dos de las recuperaciones territoriales que, desde hace más de dos años, se encuentran ejerciendo control territorial en Künkomapu, que son las de Künko Mawisam en Purrehuin y la del Winkul Küsra, en Loma de la Piedra.
Así es como, precisamente la Coordinación de la Macrozona Sur, en conjunto con la Fiscalía Regional de Los Lagos, armarían una investigación que, según palabras del jefe de la Prefectura de la Macrozona, el subprefecto Claudio Sepúlveda, habría comenzado en 2022 y la cual todavía estaría en curso. Como consecuencia de aquello, es que, de forma sorpresiva, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Valdivia, junto a oficiales de la Prefectura Provincial Osorno de la PDI y Carabineros de Chile, procedió llevar a cabo este miércoles 18 de diciembre el allanamiento simultáneo de trece viviendas, entre ellas la de la madre del Machi Cristobal Tremigual, así como a la detención de una persona. A esta redada el Estado la bautizó como “Operación Trancura”, y en palabras de la fiscal De Miguel, “sería la primera en realizarse al respecto”.
Lo anterior no es casualidad, pues el pasado 04 de diciembre el encuentro mensual de la Macrozona Sur fue realizado precisamente en Melipulli-Puerto Montt, en su calidad de capital regional. En aquella jornada el Ministro de Justicia, Luis Cordero, en conjunto con los delegados regionales y provinciales desde Arauco a Chiloé, evaluaron, analizaron y confirmaron paso a paso el proceder de la política represiva del Estado en el Wallmapu y la Fütawillimapu.
Así, además de echar mano a la coordinación de la Macrozona Sur heredada del gobierno de Piñera, el Estado una vez más ha hecho uso de todas las facultades legales que el gobierno de Boric, en complicidad con los militantes de sus partidos, le ha otorgado a las fuerzas represivas, entre ellas, la Ley Antitomas y la Nain Retamal.
No por nada, los cargos bajo los cuales se justificó el operativo, corresponden a “usurpación, asociación ilícita, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, amenazas, sustracción de madera, homicidio frustrado y maltrato de obra a Carabineros”, que se engloban dentro de los delitos cuyas penas precisamente son agravadas por ambas leyes.
El Estado chileno, a través de la Fiscalía, quiso mostrar esto como el inicio de la “desarticulación de bandas criminales” en la provincia, mostrando con orgullo una escopeta sin gatillo, celulares, notebooks y dinero en efectivo como pruebas de los allanamientos, con la clara intención de asimilar a las organizaciones de resistencia con el crimen común, a ojos de la opinión pública. Así, tras la Conferencia dada por PDI y Fiscalía, diversos medios de la prensa oficial, tanto física como digitales, se hicieron parte de la criminalización mediática, destacando entre sus titulares, la celebración “el primer operativo por violencia Rural en la Región de Los Lagos“, “operativo en Osorno y San Juan de la Costa contra crimen organizado” y el que “Fiscalía y PDI desalojan predios usurpados“.
Por lo mismo, este operativo debemos entenderlo dentro de la Guerra sucia de Boric que durante estos tres años fue encabezada por el ahora ex subsecretario y ex PS Manuel Monsalve, en la cual, al mismo tiempo de separar aguas con aquellos que han seguido la vía institucional, bautizándola como “vía política”, se ha buscado perseguir y criminalizar a toda organización o persona que resista en palabra y acción al orden neoliberal vigente, entre estas, la Franja Autonomista del Pueblo Nación Mapuche. Todo ello con el objetivo de deslegitimar su trasfondo político y omitir el trasfondo histórico de la lucha para buscar ridiculizarla y reducirla a una simple combate contra el crimen organizado.
Lo anterior no es nada nuevo, pues la misma Concertación durante los años 90, de la mano del PS Marcelo Schilling y “La Oficina” (sucesora de la CNI), ya lideró una Guerra sucia contra todas las organizaciones político-militares que renegaron de la transición neoliberal, entregando a la represión a todos aquellos que, hasta 1990, habían sido sus compañeros de resistencia a la Dictadura.
No por nada, ante lo acontecido durante la redada, la también militante socialista e hija del ülmen del Cacicado de Riachuelo, Claudia Pailalef, en su calidad de Delegada provincial de Osorno, señaló a Radio La Voz de la Costa que:
“Primero que nada, quisiera señalar que este es un ejemplo más de que estamos viendo, de que se ha dado a nivel nacional, también en nuestra región de Los Lagos, que es el trabajo de las policías y también del ente persecutor ha arrojado buenos resultados. En ese sentido, como gobierno valoramos aquello y también es importante el poder destacar de que se ha restituido el estado de derecho en nuestra provincia y que cuando se tratan materias que tienen alguna injerencia relativa a demandas de tierra, el Estado tiene la institucionalidad y tiene también los mecanismos, que están bastante conocidos, para abordar esta materia y en ese sentido reforzamos que cuando se trata estas demandas efectivamente hacer el llamado a que ocupen la vía institucional.”
Las reacciones de nuestra misma gente no se harían esperar.
Las respuestas dadas desde las Comunidades en resistencia
Tras el comunicado subido por el Machi Cristobal Tremigual durante la mañana, alrededor de las 15:00, el Lof Winkul Küsra dio a conocer su propia declaración pública. En ésta, rechazan tajantemente este intento de criminalización por parte de Fiscalía, señalando que se mantienen firmes en la Recuperación Territorial y denunciando como los intentos de amedrentamiento en las viviendas particulares fueron especialmente dirigidos en contra de los ancianos y niños de cada hogar.
Posteriormente, alrededor de las 18:00, la organización Estudiantil Chillkatujo Ulagos, denuncia la detención de uno de sus miembros, el estudiante de enfermería Likan Colipán, quien se encontraba solidarizando con una de las recuperaciones territoriales, además de denunciar que el esposo de la fiscal De Miguel, Claudio González Delard, es asesor estratégico del Ejército.
A eso de las 20:00, el rapero Likan Manke Kona daría a conocer el allanamiento acontecido en su vivienda en Rahue Alto, lugar del cual los efectivos policiales, durante el allanamiento, sustrajeron notebooks y celulares que fueron mostrados durante la Conferencia de prensa.
Alrededor de las 23:00, el Lof Weichan Mapu de Frutillar emitió su declaración pública, repudiando lo acontecido durante el operativo y respaldando a las recuperaciones que siguen de pie en el territorio. Esto último es importante, pues este Lof también se encuentra en recuperación y también se encuentra enfrentando un proceso judicial, en el cual por primera vez, se invocó la Ley Antitomas en contra de una comunidad mapuche en la Región de Los Lagos.
Ante la persecusión de la lucha, solidaridad entre los nuestros.
Desde los momentos más álgidos de la lucha en Pilmaiken, en lo que fue el llamado Caso Pisu Pisúe en 2014, que el Estado chileno no operaba de esta forma en el territorio. Como lo señalamos anteriormente, estamos ante un capítulo más de la Guerra sucia que, durante estos tres años fue encabezada por el ahora ex subsecretario Manuel Monsalve, en la cual se ha buscado perseguir a toda organización o persona que resista en palabra y acción al orden neoliberal vigente. En este caso, a la Franja Autonomista del Pueblo Nación Mapuche, sus organizaciones y sus individualidades. La guerra sucia finalmente ha llegado con todo su cruel rostro a nuestra Fütawillimapu.
Hacemos un llamado a estar atentos a los acontecimientos así como a brindar todo el apoyo posible que necesite nuestra gente. A acompañar en lo que serán los futuros procesos judiciales que derivarán de esta redada, a seguir solidarizando con las recuperaciones territoriales y a seguir acompañándonos con aun más firmeza con nuestras personas de confianza. Sólo nosotros nos podemos dar la mano, pues ha quedado claro una vez más que el llamado “Gobierno de los Derechos Humanos”, es sólo la expresión de las clases altas y clases medias acomodadas chilenas y sus intereses, alineados con el capital transnacional, la profundización de los negociados extractivistas y el “Capitalismo verde” en el territorio, los cuales defenderán por la razón o la fuerza. No por nada, durante estos allanamientos no dudaron ni vacilaron en intimidar a niños y ancianos.
El mismo preámbulo de la Declaración Universal de los DDHH de la ONU señala explicitamente “que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión“. Y si ese régimen de Derecho del cual tanto se vanaglorian, está formulado y ejecutado para la persecución y opresión de todo un pueblo, la conclusión es más que evidente.
