Análisis del Informe Final de la Comisión: Paz y Entendimiento para los Colonos, Despojo y sometimiento para nuestro pueblo

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Introducción: ¿Paz y entendimiento?

Durante el pasado 06 de mayo, la Comisión por la Paz y el Entendimiento, presentó su informe final, documento que fue aplaudido transversalmente por las gremiales patronales y extractivistas del territorio. Este informe también fue presentado por el actual gobierno como el legado del presidente Gabriel Boric para una supuesta solución definitiva a la “Violencia Rural” y a las “Demandas de Tierras”. Pasado tres meses de este anuncio, la delegada provincial Claudia Pailalef -la misma que celebró el allanamiento de las comunidades en resistencia de la Fütawillimapu- anunciaba con bombos y platillos la Consulta Indígena establecida en el DS 66 del Ministerio de Desarrollo Social, proceso mutilado e ilegítimo, que no cumple con los mínimos estándares que exige el derecho internacional y que, finalmente,  su objetivo es simplemente darle respaldo legal a lo que ya cocinó el Partido de Orden en la Comisión. Recordemos que el convenio 169 de la OIT exige que los procesos de Consulta Indigena sean Previos, Libres, de Buena Fe e Informados, entre otros principios que claramente no se cumplen en este caso.  

Cuando hablamos del “Partido del Orden” nos referimos a todos las partidos políticos que participan del Congreso, los cuales han trabajado en conjunto desde el Acuerdo del 15 de Noviembre de 2019 en defensa del Consenso neoliberal, y que, durante los años del actual gobierno, han conformado un solo bloque que ha mantenido y profundizado la represión sobre el Wallmapu, usando para ello a los tres poderes del Estado. Desde el poder legislativo, manteniendo el estado de excepción en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Bio Bio, con la intención clara de extenderlo hacia la Fütawillimapu cuando lo crean necesario. Desde el poder ejecutivo, este gobierno, con el apoyo de todos los partidos, mantiene a casi un centenar de presos políticos mapuche, participando incluso como querellante en casos que mantienen condenados a pu peñi pu lamüen.  Desde el Poder Judicial, con la mantención de la aplicación de la doctrina del Derecho penal del enemigo ante cualquier individuo u organización que confronte a los intereses del gran empresariado.

Este Informe de la Comisión de Paz y Entendimiento es, ante todo, el programa político de la Oligarquía Chilena, en su calidad de élite metropolitana, y de los Colonos latifundistas, en su calidad de élite colonial local. Es el punto de partida de cómo quieren administrar y disponer del territorio mapunche y su población, presentando una “Solución Final”, para perpetuar la usurpación, militarización y enyugamiento definitivo de nuestro pueblo-nación.

Debemos entender que esta Comisión de Paz busca instaurar un consenso social favorable al Capital transnacional y a las redes clientelares del Partido del Orden, las cuales la han bautizado como “un equilibrio entre reparación y desarrollo económico”. Esto no es más que palabras bonitas para señalar que quieren quitar trabas legislativas y humanas para poder terminar de usurpar y depredar el territorio, a través de la instalación definitiva de las Mineras, Eólicas, Centrales de Paso, así como de la profundización del Monocultivo Forestal y Salmonicultor. Lo que buscan es profundizar y acelerar el proceso histórico de Reducción de Tierras Mapunche, que es el objetivo primario del Estado chileno desde mediados del siglo XIX.

Durante estos días hemos sido testigos del proceso deliberado de desinformación que ha instaurado el Estado con respecto a las decisiones tomadas por la Comisión, el cual busca que la menor cantidad de gente sepa siquiera lo que se está decidiendo, para que lo apruebe sin saber lo que está aprobando. Por lo mismo, creemos necesario y urgente el entregar este texto, para que nuestra gente sepa lo que realmente hay detrás de este informe final de la Comisión de Paz. Nuestro escrito fue creado a partir de nuestra propia lectura del lnforme Final, así como también de los esfuerzos de pu peñi ka pu lamüen que también se han dedicado a socializar los diversos argumentos en contra de este mal intencionado proceso de consulta.

A continuación lo presentamos para su lectura y socialización entre comunidades y personas. Consta de tres partes: una primera en la cual se habla de la real intención de esta comisión en concreto; la segunda, las soluciones ofrecidas; y tercero, el tema de la consulta en concreto.

I.- Sobre el Diagnóstico: Frente a la “Violencia Rural”, Reparación y Desarrollo, pero ¿Para quién? 

a) El diagnóstico de la oligarquía: Violencia Rural y Estancamiento económico

La Comisión, constituida en junio de 2023, fue compuesta por: Francisco Huenchumilla (Senador DC por la Araucanía), Alfredo Moreno Charme (ex ministro de Relaciones Exteriores de Piñera 1),  Carmen Gloria Aravena Acuña (senadora ex Republicana), Nicolás Figari Vial (presidente de la Fundación Aitue),  Sebastián Naveillán Mebus (líder de la Asociación de Agricultores Victoria Malleco A.G),  Adolfo Millabur Ñancuil ( ex alcalde de Tirúa y líder histórico de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche), Gloria Callupe (Miembro de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Biobío) y Emilia Nuyado Ancapichún (Diputada PS por el Distrito 25 – Provincia de Osorno). Todos los cuales fueron invitados personalmente por el presidente Boric para, en dos años presentar este Informe Final, siendo todos responsables políticos de lo que aquí se ha entregado.

Para comprender su sentido sumamente importante comprender el diagnóstico planteado por la Comisión acerca de la situación actual del Sur:

“Las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos presentan un complejo escenario de desarrollo, marcado por un rezago socioeconómico significativo y desigualdades históricas que afectan directa e indirectamente a todos sus habitantes. Además, la violencia producida en el marco del conflicto sociohistórico que afecta a algunas zonas de las cuatro regiones, agrava esta situación e impacta directamente a la actividad económica tanto mapuche como no-mapuche y, en particular, al sector silvoagropecuario, principal motor económico de estos territorios, perpetuando así un contexto de dificultades para el desarrollo territorial.” Pág. 110.

En este, el Estado chileno plantea la lectura de que el territorio entre Bio Bio y Chiloé estaría en un profundo estancamiento económico, debido a que no habrían certezas jurídicas que permitan la creación de nuevos sectores económicos en la región. Aquello sería la causa directa de que al cada vez mayor empobrecimiento de la población y el alza sostenida del desempleo. Precisamente la misma lógica que hoy cacarea la prensa regional servil a las gremiales (Radio Bio Bio, Austral de Valdivia y Osorno, El Llanquihue, La Estrella de Chiloe, Radio SAGO, Paislobo, Patagonia Radio, entre otros) para legitimar la Ley de “Permisología”, es decir, la desregulación de los protocolos medioambientales del Estado.

Asi, para la Comisión, uno de los problemas que no permite entregar esas certezas jurídicas para el “desarrollo económico” de la región sería la llamada “Violencia Rural”. El informe plantea que esta  “Violencia Rural”, sería consecuencia directa de la ineficacia de la actual política de tierras de la CONADI que, en su ritmo actual, demoraría 162 años en resolver por la vía institucional el problema. 

En su diagnóstico, por supuesto que esconde intencionadamente el rol del Estado chileno en la conquista y usurpación, poniendo al mismo nivel al colonizador y al colonizado,al colocar como víctimas tanto a los colonos latifundistas como a nuestras comunidades.  Si bien en el análisis histórico el informe hace gárgaras con la “Deuda histórica” con el Pueblo mapuche, lo que hace en los hechos, es plantear que el “Conflicto Mapuche” no habría comenzado a mediados del siglo XIX con la Ocupación Militar de la Araucanía y la Colonización Alemana de la Futawillimapu, sino que habría partido el 1 de diciembre de 1997 con los Sucesos de Lumaco. O en otras palabras, que los culpables del conflicto actual serían las organizaciones Franja Autonomista y no el Estado Chileno.

Así, frente a esta situación, el Estado se disfraza como mediador, y tal como lo hizo en el Acuerdo de Nueva Imperial (1991), la Comisión de Verdad y Nuevo Trato (2002), la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía (2008) y el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía (2018), construyó una nueva comisión en 2022 con el objetivo de, una vez más, dar una “Solución Final” al conflicto de tierras. Sin embargo, la gran diferencia de la Comisión de Paz y Entendimiento con respecto a sus antecesoras es el contexto histórico y geopolítico en el que se ha instaurado.

b)  Reparación y Desarrollo ¿Para quién?

Durante estos cuatro años de gobierno, hemos estado bajo un contexto de Cambio Climático, Reordenamiento geopolítico mundial, de Transición al capitalismo verde y de Restauración neoliberal, durante los cuales la Oligarquía chilena, envalentonada por el fracaso del proceso constituyente, ha decidido deshacerse de toda traba legislativa y humana para poder terminar de usurpar y depredar el territorio, a través de la instalación definitiva de las Mineras, Eólicas, Centrales de Paso, así como de la profundización del Monocultivo Forestal y Salmonicultor. 

En el fondo, la Comisión tiene el objetivo de crear un consenso social que permita la instalación de toda esta oleada de depredación. Por otro lado, el Estado ha sido claro en perseguir y desarticular a toda expresión de lucha que denuncie en palabra y acción al orden neoliberal vigente. Durante estos cuatro años de gobierno progresista en manos del Frente amplio, éste ha aumentado la persecución policial, se han promulgado leyes represivas y se ha profundizado la guerra sucia y de baja intensidad, bajo el paraguas de la “Agenda de Seguridad”. Las consecuencias han sido la plena militarización del territorio entre el Bio Bio y el Rio Bueno, la extensión de la persecución judicial y policial a la Fütawillimapu, y la profundización de la prisión política en las cárceles del Sur.

Es por ello que políticas que no tendrían que tener relación entre sí, en realidad están completamente vinculadas. Así La Ley Antitomas, la Ley de Motosierra Ambiental, la Mutilación de la Ley Lafkenche y la Comisión de Paz impulsadas en este gobierno, en realidad son todas funcionales a la instalación de este consenso social favorable al Capital transnacional y a las redes clientelares del Partido del Orden, las cuales la han bautizado como “un equilibrio entre reparación y desarrollo económico”. En palabras del coordinador regional del Plan Buen Vivir, Cristian Caipillán a El Sureño, medio local cercano al Frente Amplio :

“El nuevo sistema de tierras debe acompañarse de otras medidas complementarias que impulsen la reparación a las víctimas de la violencia, el reconocimiento efectivo de los pueblos indígenas y la inversión en infraestructura habilitante y desarrollo productivo para las regiones del sur.”

c) Diálogo, pero a partir de una Consulta mutilada y planteada de mala fe

En consonancia con lo anterior, a tres meses de presentada la propuesta, el Estado ha hecho un uso intencionado del mecanismo de la Consulta Indígena, de carácter consultivo y no vinculante, en correspondencia al DS 66 que mutila el tipo de Consulta planteada en el Convenio 169. Teniendo tres meses para haber iniciado este proceso, el llamado oficial con sus fechas recién se entrega la última semana de julio, para que las personas y las comunidades apenas tuvieran tiempo para informarse al respecto. 

Sumado a lo anterior, fueron presentando información parcelada, por goteo y en un lenguaje que salta sin reparos desde el vacío del verso electoral a la complejidad del verso leguleyo, con el objetivo intencionado de desinformar, generar caos y desacuerdos dentro de nuestro pueblo, no sólo entre facciones políticas que no comparten caminar, sino incluso entre sectores de gente que camina junta y está de acuerdo. El objetivo era que perdiéramos el tiempo discutiendo las formas de acción ante la consulta -es decir, una discusión táctica- antes de centrarnos en el contenido mismo de lo que se iba a consultar, es decir el Informe de la Comisión, o más grave aún, de lo que realmente está detrás de las intenciones de esta Comisión de Paz, ya previamente expuestos.

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Como medio, nosotros somos claros. Somos parte de la franja autonomista, de aquellos que han sido criminalizados estos cuatro años, que no creemos ni en la Vía Institucional, ni en las intenciones del Estado chileno,  ni de la gente que camina con los partidos de derecha, ni tampoco en aquellos que desde 1990, por elección propia, han caminado de la mano con los partidos de la Concertación-Nueva Mayoría-Apruebo Dignidad. Mucho menos en esta época de elecciones. Sin embargo, sabemos que todo lo derivado de este nuevo Sistema de Tierras afectará por igual a todo nuestro pueblo – nación, independientemente de nuestras posiciones.

Porque lo que hay tras este informe de la Comisión de Paz y Entendimiento, es ante todo, el programa político de la Oligarquía Chilena, en su calidad de élite metropolitana, y de los Colonos latifundistas, en su calidad de élite colonial, de cómo quieren, de ahora en adelante, administrar y disponer del territorio mapunche y su población, presentando una “Solución Final”, pero para la usurpación, militarización y enyugamiento definitivo de nuestro pueblo-nación. 

Señalado lo anterior, procederemos a explicar a detalle la propuesta presentada.

II.- Sobre las propuestas: ¿En qué consisten realmente las propuestas del Informe Final?

Ya planteada la intención real para la cual se escribe el informe de la Comisión, va a quedar aún más claro hacia donde apuntan la serie de políticas presentadas en ésta. Es probable que, entre los mismos funcionarios públicos, algunos le señalen que van a modificar, reemplazar o complementar la legislación vigente, según le sea conveniente a la persona de turno. Digamos las cosas por su nombre. Lo que esta ley busca es modificar los artículos 12, 13 y 20 de la Ley Indígena n°19.253, que son los que, en efecto, hablan de la actual política de restitución de tierras.

El artículo 12 habla de qué tierras considera el Estado como Tierras indígenas. El artículo 13, habla de los mecanismos de protección de la propiedad indígena. El artículo 20, habla del Fondo de Aguas y Tierras, así como de su funcionamiento. Estos son los cambios que propone la Comisión:

1.- A nivel territorial, presenta un sistema de reparación funcional a la profundización de los proyectos extractivistas y al mercado de tierras ya instalado por CONADI (Págs 165-177 del Informe Final)

a) El Estado pone límites definitivos y unilaterales a la política de restitución de tierras para defender la Propiedad usurpada

Reduce el límite de las tierras a entregar exclusivamente a los Títulos de Merced y de Comisario, y dentro de cada título existente, limita las peticiones a un máximo de 3 comunidades jurídicas, cerrándose definitivamente la posibilidad de regularización, poniendo un límite de 2000 comunidades a reparar, las cuales son las que el estado ya contabilizó como las que están en lista de espera bajo el sistema actual. Además, pone un límite presupuestario global de 4000 mil millones de dólares, sin aclarar fuentes de financiamiento, pero sí considera de antemano que, de ese monto ya se gastaron 1000 millones usados entre 1994 y 2025,

El objetivo primario, es que cada Título de Merced y de Comisario sea resuelto de forma legal y definitiva sólo bastando la restitución de un puñado de comunidades. Esto es grave, sobre todo para el caso de los Títulos de Comisario otorgados en la Fütawillimapu, los cuales no sólo reconocen familias, sino además, territorios extensos, con sus comunidades y sus formas de gobierno. Basta mencionar el Título de Comisario Llaitul el cual abarca desde la Jurisdicción de Küyümko-Cuinco hasta el Rio Maipué, comuna de Fresia. Lo anterior, se agrava aún más, considerando casos en que hay Títulos en los cuáles hay hasta 30 familias que tienen antecedentes fundamentados de haber habitado en el lugar, incluso hasta mediados del siglo XX, y en donde todas tienen exactamente el legítimo derecho de retorno, situación la cual el mismo Estado reconoce en el diagnóstico del informe. En el caso de los Títulos de Merced, hablamos de terrenos que, en su época, ya habían sido entregados en calidad de Reducción territorial, y sobre los cuales, las familias vivieron despojo y usurpación. 

Esto está hecho con la clara intención de defender y blindar legalmente la propiedad rural constituida a base de usurpación por los Colonos latifundistas y las Forestales, al impedir posteriores reclamos, permitiendo que éstas puedan ser traspasadas a las Mineras, Eólicas o Parcelaciones y al mismo tiempo, profundizando a largo plazo la política histórica de Reducción de tierras.

b) Un sistema de reparación que incentiva que las familias renuncien a la tierra para las nuevas generaciones

El Sistema de reparación del Estado, si bien presenta una disyuntiva para las familias, ambas vienen condicionadas por el hecho de que, apenas el documento esté firmado, es decir, aceptado legalmente, el Estado considerará que ésta ya ha recibido un mecanismo de reparación definitiva e inapelable. En palabras del Informe, “toda reparación abrirá un proceso único para él o los troncos históricos relacionados con el título invocado“.

Por un lado, propone la entrega de un máximo de 10 hectáreas por núcleo familiar, de una sola vez y para siempre, sin asegurar en ningún instante que sea en el lugar en donde sus antepasados vivieron desde antaño. Ninguna de las posteriores generaciones tendrá derecho siquiera a poder optar por tierra por vías legales, aun si ésta se va haciendo poca a medida que vayan naciendo nuevos retoños, siendo en los hechos, una forma de consolidar a largo plazo el sistema histórico de la Reducción de tierras, antes que una reparación real. Para más encima, si la CONADI no da una respuesta en seis años en cuanto a la aplicabilidad, es decir, el saber si esta familia cumple los requisitos para la restitución, automáticamente se le deriva a la segunda opción. 

En ésta, ofrecen la posibilidad de renunciar definitivamente a estas 10 hectáreas para los hijos, aceptando a cambio una “Compensación alternativa”, que van desde montos monetarios, pasando por créditos hipotecarios, préstamos hasta becas y beneficios para el estudio, sin aclarar en cuánto consistirá la cantidad de dinero ofrecido, ni menos si las becas o beneficios serán nuevas o están dentro de las existentes. Esta ambigüedad da entender que las políticas de gastos focalizados del estado -como los subsidios de vivienda, becas indígena, de residencia, así como los hogares estudiantiles secundarios y universitarios- podrán, de ahora en adelante, ser condicionados a la renuncia al derecho de restitución territorial. Es aún más grave, pues los beneficios estudiantiles mencionados no son regalos del Estado, sino resultados concretos de antiguas luchas de nuestro pueblo, siendo de hecho, una de las ganadas de la Junta de Caciques de la Fütawillimapu en los años 80.

c) Un sistema de arriendos que promueve, en los hechos, la entrega de la tierra al Capital extractivista

La Ley Indígena, en su artículo 13, plantea que las tierras cuyos titulares sean Comunidades no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración, por lo que no pueden ser entregadas a acuerdos de explotaciones tales como la mediería o asociaciones productivas. Junto con lo anterior, tanto las comunitarias como las familiares-individuales sólo pueden ser traspasadas entre miembros de un mismo pueblo-nación. Todo aquello, se hizo explícitamente para que el gran empresariado tuviera, al menos, una traba legal para la apropiación de territorios, en medio del climax de la producción forestal y salmonera de los años 90.

La única excepción eran las propiedades indígenas individuales, las cuales pueden ser arrendadas por un plazo máximo de cinco años. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa, pues desde 1994 se celebraron contratos de arrendamiento fraudulentos, en los cuales se repetían hasta 20 veces estos plazos. Esto dio origen a los tristemente célebres contratos de 99 años, periodo suficiente para terminar de sobreexplotar un terreno, sacarle la ganancia y devolverlo completamente devastado.

El Estado, en vez de fortalecer estas protecciones legales, señala que éstas son causantes de la subutilización productiva de la propiedad comunitaria, indicando que ésta sería una de las causas del empobrecimiento de la zona. Al respecto, se propone como solución, el legalizar las políticas fraudulentas de arrendamiento, estableciendo mecanismos para que  puedan arrendarse libremente a terceros hasta por 25 años, ante el Conservador de Bienes Raíces .

Así, la Comisión plantea sin titubeos que la entrada de todo socio productivo externo al territorio, es un asunto estratégico para el desarrollo económico de la zona. En los hechos, estamos ante un mecanismo de liberalización del mercado de tierras indígenas, bajo la cual cualquier conglomerado empresarial podrá ingresar de forma indirecta a la ocupación efectiva de los territorios. Éste mecanismo es especialmente funcional para las mineras, pues éstas parten inscribiendo el subsuelo de un terreno, pudiendo apelar a la fuerza para hacer uso del terreno superficial, despojando en los hechos a las familias, pero manteniendo la apariencia legal de la posesión.

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El objetivo aquí es claro. Con la modificación de la Ley Indígena, se borra de un plumazo el sistema vigente, que jamás dio el ancho para la recuperación territorial, por uno que, es derechamente funcional a la pérdida y despojo territorial. Las tierras que hoy están en manos de forestales y fundos no se tocan, además de dar todas las facilidades para que Mineras y Eólicas se instalen en el territorio, a través de la política de liberalización de la tierra. Por otro lado, propone políticas de restitución de tierras cuyo objetivo es el contrario, es decir, profundizar y perpetuar a largo plazo el proceso de Reducción Territorial, buscando provocar intencionadamente conflictos entre familias, tal como los acontecidos en Rucamañío, San Juan de la Costa, en el año 2002.

Por otro lado, en las pocas tierras que buscan restituir, en ningún lado se garantiza que se entregaran en los territorios a los que históricamente pertenece la familia, manteniendo la política del mercado de compra y venta de tierras funcional a la política de restitución. Esta práctica es  la que ha provocado enredos y conflictos como el que precisamente terminó con la desaparición forzada de Julia Chuñil en Máfil, tras las amenazas del colono Juan Carlos Morstadt Anwandter, quien precisamente estaba involucrado en este tipo de negociados.

2.- A nivel político – La creación de un nuevo orden político funcional al Despojo Territorial

a) Una parodia de “Estado plurinacional” funcional a las redes de poder del Partido del Orden – (Págs. 162-167)

Esta parte, sale más breve señalarla, pues no dista mucho de lo que ha ofrecido anteriormente el Estado en las anteriores comisiones, propias del llamado Multiculturalismo neoliberal. Bajo esta visión, éste sólo se reconoce a aquellas personas y organizaciones de naciones originarias que promuevan todos aquellos aspectos de la vida de nuestros pueblos, que sirvan para proyectar una imagen de diversidad cultural funcional a la legitimación del Estado y que, en lo fundamental no toquen ni estorben los intereses del gran capital. Por supuesto que hablar de autonomía y libre determinación,está fuera de ese marco,

En este entramado, la Comisión busca impulsar el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Originarios, pero “en el marco de la unidad del Estado, garantizando sus derechos individuales y colectivos conforme a la Constitución, las leyes, y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Es tal el remedo de reconocimiento que habla de reconocer formas propias de organización mapuche más allá de las comunidades jurídicas, pero al mismo tiempo, señala que para la Representación Política se creará un “Consejo de Pueblos”, con “amplio apoyo transversal,” señalando que “La ley determinará la forma de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos del Estado que toman decisiones obligatorias.”, no mencionando siquiera cuáles serían sus funciones o facultades. Y todo lo anterior, lo presentan además como una armonización de la Ley Indígena con el Convenio 169, el cual tiene nivel de ley constitucional. Este planteamiento, en realidad mutila aun mas el Convenio, pues no solo basta que el Sistema de Tierras no Reconoce el Territorio, sino que además, este remedo de reconocimiento va en contra del derecho a la autodeterminación reconocido en el convenio. Cualquier armonización real de ambas leyes pasa necesariamente por reconocer el Territorio y la Autodeterminación de los pueblos a nivel constitucional.

Junto con lo anterior, busca impulsar planes y políticas de revitalización de la lengua mapuche, haciendo vinculación con universidades e instituciones públicas y privadas, además del fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), Educadores de Lengua y Cultura Indígena (ELCI) y la adecuación curricular de sus contenidos. Esta propuesta, está en consonancia con el proyecto de ley impulsado por la diputadas oficialistas Ericka Ñanco y Emilia Nuyado vinculado al “Reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas”, en cuyo art. 6 dice que el estado reconoce el derecho a desarrollar sistemas propios de educación ancestral, pero señala en su art. 8 que “El Ministerio de Educación, en el ejercicio de sus funciones actuales, promoverá la formación de educadores en lenguas indígenas y la implementación de programas de educación intercultural bilingüe, de acuerdo a la normativa vigente.”.

Lo que se está proponiendo es un reconocimiento intercultural, que en lo cotidiano, estará limitado al interior de las aulas, dentro de un sistema educativo chileno sumido en una crisis presupuestaria y curricular, en pleno proceso de traspaso de la Educación municipal a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Y todo dentro de la normativa vigente, es decir, profundizando la políticas estatales en curso. Una de ellas, es el paulatino reemplazo de los Educadores Tradicionales – muchos de ellos gente de campo no necesariamente escolarizada, que no cuentan con los medios ni los tiempos para asistir a estudiar a la ciudad, pero que ocupan estos puestos por el kimün que tienen en sus territorios – por profesionales, sin considerar necesariamente si éstos cuentan con estos saberes. Al mismo tiempo, busca legitimar la política de estandarización forzada de la Lengua Mapuche que ha llevado el Estado desde el EIB, a través de la promoción del uso del grafemario Azumchefe y la variante lingüistica wenteche, es decir, la de donde está ubicada la Oficina Nacional de CONADI, en perjuicio de todas las otras, entre ellas nuestro Che Süngun.

Junto con lo anterior, propone la creación de “un instituto para el fortalecimiento de la lengua, historia y cultura mapuche, dependiente del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio“, que no es otro asunto que recrear las redes de dependencia y clientelismo político que ha creado ANID (ex FONDECYT) y FONDART, todas las cuales han sido históricamente funcionales a la mantención del vínculo político y complicidad entre el mundo de las ciencias sociales, humanidades, culturas y artes de las clases altas y medias acomodadas, con el Estado chileno y sobre todo, con los partidos de la Concertación y el Frente Amplio. En el Informe Final, por supuesto que no se contempla la posibilidad ni de crear Instituciones Educativas propias, o de la creación cultural autónoma, tal como nuestros mismos antiguos vienen exigiendo desde el Memorial de 1936.

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En los hechos el mismo Estado chileno, a través del Congreso Nacional, creará una parodia de “Estado plurinacional”, en donde dentro del mismo Estado unitario, será el mismo Partido del Orden el que realizará una delimitación más estrecha de los interlocutores válidos, reduciéndolo a un puñado de comunidades jurídicas, autoridades ancestrales, referentes culturales y académicos aceptados por ellos. Así mismo, será éste el que ponga los límites del margen de acción reales que tendrán todos estos individuos y organizaciones. todo dentro de un diálogo en el cual está claro quién pondrá el punto final. Por supuesto, la condición fundamental será aceptar lo dispuesto por el acuerdo, y entre ello, el Sistema de Reparación Territorial dispuesto por la Comisión.

b) Reparación para los latifundistas, persecución para toda resistencia.

Uno de los aspectos más llamativos del informe de paz es que el Estado haciendo uso del concepto de Violencia Rural, con la intención explícita de deslindarse en los hechos de su rol protagónico como potencia usurpadora, se disfraza de mediador, a través de hacer el ejercicio de asimilar y poner al mismo nivel a los Colonos latifundistas y sus organizaciones gremiales con cada una de las comunidades e individuos de nuestro pueblo-nación y sus historias de despojo y usurpación.

Al respecto, la Comisión postula que el “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, establecerá un sistema Integral de verdad, Justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la violencia“, con el mismo tono de los sistemas de reparación de las victimas del Terrorismo de Estado ejercido por la Dictadura Cívico Militar entre 1973 y 1990, pero enfocado en lo que los Colonos latifundistas llaman “víctimas del terrorismo” que habría surgido a partir del 1 de diciembre de 1997, es decir, desde el primera acto de resistencia frontal levantado por la CAM en Lumaco en contra del Monocultivo Forestal.

En teoría, presenta el verso de que ésta busca “la dictación de una ley de reparación integral para todas las víctimas de este conflicto, tanto mapuche como no mapuche, reafirmando el deber del Estado en el mantenimiento de la seguridad de la población”, pero que en los hechos, fue presentada por la senadora Carmen Gloria Aravena, Nicolás Figari y por Sebastián Naveillán, es decir, por los representantes directos de la derecha patronal y empresarial del país, en función de estos intereses.

No les basta con el dinero que, personajes como René Urban o el mismo Morstadt Andwanter han hecho vendiendo a sobreprecio sus terrenos para que CONADI los ponga a disposición de su política de tierras. Ahora también buscan explícitamente de que los Latifundistas reciban compensaciones directas del Estado – a través de la misma Agencia de Reparación que implementará el nuevo sistema de tierras y sus fondos designados para esta “Solución Final”-, así como para conseguir la legitimación del Estado como “víctimas del Terrorismo”.

En contraste, para las comunidades no sólo es que se busque imponer una sumisión definitiva. Para el Estado, todos aquellos que, de aquí en adelante, no acepten ni una coma de este acuerdo, pasarán a ser un asunto del flamante Ministerio de Seguridad, aun si actúan por métodos pacíficos.

Para qué hablar el destino que le espera a las Comunidades en resistencia, las diversas organizaciones político-militares de la Franja Autonomista, así como a sus Redes de apoyo, a la vista de lo que ya ha sido la política de contrainsurgencia liderada en estos cuatro años por el ex subsecretario del Interior, el ex PS Manuel Monsalve. Ésta, a su vez es una replica de la que lideró desde el Consejo Coordinador de Seguridad Pública -“La Oficina”, el también socialista Marcelo Schilling a principios de los años 90. Esta, fue dirigida contra las organizaciones político militares anti-dictatoriales, tales como el FPMR y el MJL que denunciaron desde un principio, en palabra y acción, la farsa de la transición neoliberal. Todxs lxs cuales pagaron con tortura, cárcel y muertes, decir aquella verdad, para que con los años el tiempo les terminara dando la razón. Recordemos que expresiones de resistencia como estas fueron claves para permitir, a largo plazo, el Ciclo de Movilizaciones iniciado en el 2006 por el Movimiento Secundario y que, con los años terminó desembocando en la Revuelta Popular del 2019, que puso contra la espada y la pared a todo el Modelo en su conjunto. La idea del Estado es que precisamente este proceso de despertar político jamás vuelva a ocurrir.

Esto es tan así que, en 190 páginas de informe la única mención real a la existencia de las comunidades en resistencia y a las organizaciones de la Franja Autonomista, es caracterizándolas como “grupos organizados involucrados en el tráfico de madera y de armas“, llegando al extremo de bajeza de hasta negar la misma condición mapuche de sus individuos : 

“Sin embargo, desde fines de la década de 1990 el conflicto se ha agudizado, especialmente a partir de la quema de camiones forestales en la comuna de Lumaco en 1997, y desde entonces han proliferado organizaciones que reivindican el uso de la fuerza como método de acción política, generando inseguridad y acrecentando aún más el malestar en estas regiones.

Este malestar social, sumado a la falta de salida institucional al conflicto y la movilización territorial por parte de las comunidades mapuche ha contribuido a la debilitación de la efectividad del Estado en la zona, aumentando el rezago y abandono de las zonas rurales. Esta combinación facilitó el ingreso y desarrollo de grupos de crimen organizado en las últimas décadas, los que utilizan la causa mapuche para encubrir acciones delictuales, muchas veces sin siquiera ser ellos mismos mapuche.” Pág. 158 del Informe 

Parte 3.- Dicho lo anterior ¿En qué realmente consiste esta “Consulta Indígena”?

a) Aspectos legales del proceso de la Consulta Indigena

Tras hacer público el informe final de la Comisión de Paz en mayo de este año, teniendo tres meses para haber llamado a la consulta, el Estado decidió hacer la convocatoria oficial a sólo una semana de que comenzara el cronograma establecido, entregándolo recién la última semana de julio, para las personas y las comunidades apenas tuvieran tiempo para informarse al respecto.

Esto es intencional, pues para el Estado, cualquier proceso de consulta indígena se realiza sólo para cumplir con la realización de ésta, como parte del proceso de discusión institucional del Informe Final, el cual será finiquitado en el Congreso Nacional. Ésto lo permite el DS 66 de 2013 del Ministerio de Desarrollo Social, la famosa “Ley de la Consulta de la Consulta” promulgada durante el primer gobierno de Piñera. Ésta, en su artículo 3, señala que

“el órgano responsable deberá realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar el acuerdo o el consentimiento de los pueblos afectados, dando cumplimiento a los principios de la consulta a través del procedimiento establecido en este reglamento. Bajo estas condiciones, se tendrá por cumplido el deber de consulta, aun cuando no resulte posible alcanzar dicho objetivo”.

Este proceso de consulta es la primera etapa del proceso de aceptación o rechazo del Informe Final de la Comisión de Paz y es la única que contempla participación social. Posterior a éste, se llevarán a cabo las etapas de “Información”, “Deliberación interna”, “Diálogo” y “Deliberación”, todas las cuales serán realizadas a puertas cerradas por el flamante Consejo Asesor para Consulta Indígena, quienes serán los que entregaran las Resoluciones Finales, las cuales serán discutidas y finiquitadas en el Congreso Nacional. Basta revisar el listado de los miembros del Consejo en la Región de la Araucanía para saber hacia donde va el asunto:

Así, una instancia que debiera ser de carácter deliberativo y vinculante, tal como lo estipula el derecho a la autodeterminación del Convenio 169 de la OIT, gracias al DS 66, pasa a ser una de carácter consultiva no vinculante, por lo que se vuelve, en los hechos, un espacio para la validación o rechazo social de lo consultado.

b) El Uso malintencionado y de mala fe del instrumento de la Consulta Indígena

Planteado aquello, históricamente el Estado ha hecho un uso antojadizo de la Consulta como una herramienta política en sí misma, destinada ya sea para legitimar públicamente proyectos que están previamente cocinados usando palos blancos, o sabotéandolas deliberadamente cuando saben que el rechazo de una comunidad hacia un proyecto es tan grande que el asunto está perdido de antemano, haciendo uso de herramientas como el montaje de instancias paralelas o montando persecusión policial a los lideres opositores a los proyectos, sobre todo cuando se habla de proyectos extractivistas.

Dicho lo anterior, en el caso concreto de esta Consulta por la Comisión por la Paz, tiene el claro objetivo de conseguir que el Congreso apruebe la “Solución Final al Conflicto Mapuche” para así, presentarlo como uno de los logros del gobierno de Gabriel Boric, a tres meses de la Primera vuelta presidencial.

Para ello, no han escatimado recursos. Esta consulta sólo se ha desarrollado en las cuatro regiones del sur, dejando al margen a todos los mapuche nacidos fuera del territorio ancestral, como consecuencia directa del Exilio del despojo, el cual llevó a sus padres y abuelos a migrar sobre todo a Santiago, y muchos de los cuales ni siquiera tienen tierra alguna para retornar al Sur. En segundo lugar, las consultas se han realizado todas en día de semana, durante la mañana y en horario laboral, con el objetivo de que la menor cantidad de gente pueda participar a los encuentros. Junto con lo anterior han presentando información parcelada, por goteo y en un lenguaje que salta sin reparos desde el vacío del verso electoral a la complejidad del verso leguleyo, con el objetivo intencionado de desinformar, generar confusión y desacuerdos dentro de nuestro pueblo. Tanto entre la gente que recién se está enterando en qué consiste todo ésto, como entre facciones políticas que no comparten caminar. Incluso entre sectores de gente que camina junta y está de acuerdo, aun en el absurdo de que, en el fondo, todos hayan estado de acuerdo en rechazar el fondo del Informe de la Comisión.

El objetivo era precisamente que, aun teniendo una postura común, nos entrampemos sobre las formas de acción ante la consulta. Que, por una parte, era restarse desde un principio y agitar, por otra, era rechazar desde adentro. Siendo que, en los hechos, debido al carácter no vinculante de la consulta, en realidad ambas son formas de agitación y de presión social tácticas cuyo objetivo estratégico final es el mismo: deslegitimar y hacer valer activamente el rechazo tanto a la Comisión de Paz en sí, como al informe que ha presentado.

Dicho lo anterior, no es misión de este medio decidir cómo debe proceder cada comunidad u organización al respecto, pero sí el dar a conocer con claridad al Pueblo-Nación Mapuche las nefastas consecuencias de esta “Solución Final”, frente al intencionado proceso de desinformación que está llevando a cabo el Estado, para imponer la aceptación por ignorancia de ésta.

Palabras finales

A la vista de lo presentado a lo largo de estas páginas, creemos necesario recordar la cuña que la delegada provincial de Osorno, Claudia Pailalef, dio a Radio La Voz de la Costa apenas se hicieron públicos los allanamientos del 18 de diciembre de 2024:

    “Primero que nada, quisiera señalar que este es un ejemplo más de que estamos viendo, de que se ha dado a nivel nacional, también en nuestra región de Los Lagos, que es el trabajo de las policías y también del ente persecutor, que ha arrojado buenos resultados. En ese sentido, como gobierno valoramos aquello y también es importante el poder destacar de que se ha restituido el estado de derecho en nuestra provincia y que cuando se tratan materias que tienen alguna injerencia relativa a demandas de tierra, el Estado tiene la institucionalidad y tiene también los mecanismos, que están bastante conocidos, para abordar esta materia y en ese sentido reforzamos que cuando se trata estas demandas efectivamente hacer el llamado a que ocupen la vía institucional.”

Tras prometerle a la población del país que votar por Gabriel Boric era votar contra el fascismo, apenas éste asumió el poder y durante estos cuatro años, la centroizquierda entre Bio Bio y Chiloé se ha dedicado, en los hechos, a cogobernar con el fascismo. Y no precisamente, con los pintamonos de Pancho Malo o Sebastían Izquierdo, sino que con el auténtico fascismo agrario, pensamiento ideológico de los Colonos Latifundistas que, desde el día uno de la ocupación, están convencidos de que la colonización sería, ante todo, “la epopeya del hombre blanco que, a través de la conquista, lleva la civilización hacia un territorio baldío, sólo lleno de barbarie y de seres infrahumanos”.

Así, la usurpación definitiva de todo el Territorio mapuche entre Bio Bio y Chiloé y el sometimiento de nuestra gente despojada como mano de obra barata ha sido su sueño histórico. Este informe de la Comisión de Paz, así como La Ley Antitomas, la Ley de Motosierra Ambiental y la Mutilación de la Ley Lafkenche va en plena consonancia con los objetivos históricos de la clase dominante que instaló el mismo Estado chileno para encabezar con sus propias manos la Conquista del Wallmapu y su anexión al Estado Chileno.

Y al respecto, solo basta decir que el mismo preámbulo de la Declaración Universal de los DDHH de la ONU señala explicitamente “que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión“. Y si ese régimen de Derecho del cual tanto se vanaglorian, está formulado y ejecutado para la persecución y opresión de todo un pueblo, la conclusión es más que evidente.