23 de Noviembre de 2024

Enero de 2024: Nueva Legalidad y represión en el Wallmapu

Mientras la prensa oficial monta sucesivas cortinas de humo, tales como la falsa polémica en torno a Peso Pluma, ya son ocho las comunidades en resistencia que han sido brutalmente allanadas o desalojadas en lo poco que llevamos del 2024, y todas ellas haciendo uso de las facultades de la nueva batería de Leyes Represivas, entre ellas, la Ley Anti-Tomas.

Esta situación era esperable. De hecho, hace días atrás, en este mismo medio reportábamos como, a principios de diciembre pasado, en el territorio de Fütapaliwe, comuna de Corral, había sido sitiada la Recuperación de la Comunidad, siendo destruido su Ngillatuwe y ruka, avalado por un Gobierno Regional que hasta hoy baila al son de la Multigremial del Sur.

Así, tras los resultados del plebiscito del 17 de diciembre, era asunto de tiempo de ver cómo el gobierno iba a implementar la serie de leyes represivas de la mano de la derecha empresarial a lo largo del año winka recién terminado. No llevamos ni 15 días de iniciado este mes de enero, y el gobierno de Boric no ha dudado en mostrar los dientes y desplegar su agenda represiva contra todos aquellos que aún no desisten de seguir luchando por lo suyo.

El segundo tiempo del Gobierno y la “Agenda de Seguridad”

El sexto gobierno de la Concertación, disfrazado del “primer gobierno del Frente Amplio”, llegó a La Moneda con el objetivo explícito de promulgar una nueva constitución que sostuviera, por la buenas, las transformaciones sociales necesarias para garantizarle “Paz social” a un gran empresariado temeroso de una nueva Revuelta.

En los hechos, Boric ha gobernado para los mismos de siempre, siendo claros ejemplos la política económica de Marcel, el Caso Fundaciones y la Sociedad CODELCO-SQM. Pero en vez de sincerarlo, la Centroizquierda chilena, fiel a su histórica tradición de jamás asumir ninguno de sus errores y volteretas, hoy culpa del fracaso de su gestión y de dos años de derrotas electorales a los pobres de toda nacionalidad.

Y ahora, tras el fracaso del ciclo constituyente, tanto con el texto progresista como con el ultraconservador, en los hechos ya no tienen nada más que ofrecer que lobby y represión. Así, el segundo tiempo de este gobierno es y será una permanente descarga de frustración contra una población cada vez más deprimida y empobrecida por una de las Recesiones económicas más graves de los últimos 40 años.

Ya hicieron la primera parte, que es haber destruido, en dos años, toda mínima esperanza de cambio de quienes realmente confiaron en él y su gente. Ahora bajo el verso de la “Agenda de Seguridad”, a través de la batería de leyes represivas aprobadas transversalmente el año pasado, ya sólo queda correrle bala a quienes, desde un principio, jamás les creyeron. Entre estos, las Comunidades en Resistencia, la Franja Autonomista y sus diversas organizaciones e individuos.

Y ya son ochos las Recuperaciones que han sido allanadas y hostigadas sólo entre este viernes 05 y este jueves 11 de enero.

En la senda del finao Velasco: Monsalve y La nueva guerra sucia.

Dicen que el alma en pena del finao Belisario Velasco, ha tomado plena posesión del subsecretario Monsalve. Éste, como fiel heredero de Mahmud Aleui y de Marcelo Schilling, no ha dudado en, una vez más, llevar a cabo el trabajo sucio. Así, ha encabezado lo que los medios han llamado “La lucha contra el Narcoterrorismo”, que no es otra cosa que la repetición de la Guerra Sucia de principios de los años 90, cuando los militantes del FPMR y el MJL pagaron con cárcel y hasta con sus vidas el haber dicho desde un principio la verdad de esta transición neoliberal.

La meta de este gobierno, es lograr, por las buenas o las malas, abrir de par en par el Sur para las nuevas inversiones, que son las Centrales de paso, las Eólicas y las Mineras de tierras raras, inversiones propias del Capitalismo verde que tanto defienden desde Ñuñoa y Providencia.

Hoy son nuestras comunidades, nuestros kona y weichajo quienes, desde un principio, en su palabra y acción, han denunciado a este gobierno como la continuación de lo mismo de siempre. Hoy los poderosos no solo buscan defender el Negocio Forestal, Agrario y Salmonero sino acallar, perseguir, y encarcelar a quienes lo cuestionan.

Muestra de aquello son, por ejemplo, la política de dispersión de nuestros presos políticos en 2022, el reciente retorno a la cárcel del Machi Celestino Córdova tras el otorgamiento de su libertad condicional, o el que sigan respondiendo del mismo modo de los últimos 20 años a la Huelga de Hambre de los PPM de la CAM que llevan más de 50 días. Y esta política de allanamiento hay que entenderla en este marco represivo la oleada de desalojos acontecidos sólo durante esta semana:

El día viernes 05, efectivos de la PDI entran a la comunidad Kollam Montre, en la comuna de Perquenco, allanando las viviendas supuestamente en busca de armas, requisando herramientas de trabajo y llevándose detenido a Luis Melinao Caniumil, miembro activo de aquella comunidad.

El día domingo 07, Carabineros hace ingreso a la Comunidad Segundo Tranamil Kilako de Cañete, no sólo bastándole con allanar las casas, sino que además, ingresando tractores los cuales demolieron los hogares de las personas de la recuperación, denunciando que además, atropellaron en el proceso hasta animales pertenecientes a estas familias.

El día lunes 08, es el Lof Newen Kura el que denuncia una serie de hostigamientos

permanentes, en donde la Policía, de la mano de las guardias privadas de CMPC. Este lof, ubicado en el territorio de Collipulli, en junio de 2022 comenzó la recuperación de 5000 hectáreas que, hasta ese momento, estaban jurídicamente en manos del conglomerado de los Matte.

El día martes 09, FF.EE, la PDI y la Armada de Chile allanaron en simultaneo los lof de Pocuno, Lleu Lleu y Huentelolen, en lo que el gobierno llamó “la desarticulación de la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML)”. Aquel día se llevaron detenidos Elías Cona, Javier Ramirez y a Claudia Nahuelan Llempi, siendo los tres dejados en Prisión Preventiva por el Tribunal de Garantía de Lebu. Esta última, se encontraba gestionando el traslado a la Cárcel de Lebu del PPM Camilo Astete Catrileo, quien está en el CCP de Concepción. Este hecho marca una clara persecución a personas que luchan por los derechos de los PPM.

No bastando con ésto, este jueves 11, fue allanado y sitiado el Lov Peleko, vinculado con los anteriores y también dentro del marco de la “Desarticulación de la RML”. Éstos vienen sosteniendo la recuperación del Fundo Peleco, el cual hasta el 2018, estaba en manos de la Iglesia Católica.

Como podemos ver en la revisión de lo acontecido en estos en estos últimos días, los sucesos represivos están en plena sintonía con las políticas heredadas de los gobiernos anteriores. Basta sólo con mencionar que la Militarización de la parte norte de la llamada “Macrozona Sur” ha permanecido intacta desde el cambio de mando, como también la creación y funcionamiento de la Comisión por la Paz, que es un espejo de la Comisión de Nuevo Trato del 2002.

Sin embargo, la nueva batería de leyes represivas le ha permitido al Estado una capacidad de logística, movilización e impunidad con la cual no contaba previamente. Todo ello dentro del momento actual de desmovilización, desilusión, apatía y angustia sólo comparable a la vivida a principios de los años 90, pero en un contexto de Recesión económica, propios del nuevo Ciclo político en el cual hemos entrado.

Frente a las garras del enemigo, sólo juntos prevaleceremos

Desde la redacción tenemos más que claro que, esto es sólo el principio. El objetivo de este Gobierno es, durante estos dos años, dar un castigo ejemplar a todos aquellos que intenten revelarse contra la Crisis social en la cual estamos inmersos. Una Crisis social que, lejos de terminarse con el Acuerdo del 15 de noviembre y su hoja de ruta, se ha profundizado y agudizado tras el fracaso rotundo de este pacto. Los ricos no han dudado, no dudan ni dudarán en usar todas las herramientas, legales como ilegales, para la arremetida que ya están llevando a cabo, sobre todo aquí en el Wallmapu, en donde no sólo es el aparato estatal el que reprime, sino que además, son los mismos Colonos latifundistas los que históricamente han tomado las armas con sus propias manos, tal como nos lo han relatado nuestros abuelos y sus abuelos a ellos.

El escenario de la nueva legalidad represiva y a favor del empresariado, construida por el progresismo de la mano de todo el antiguo entramado político, solo tiene el cuestionamiento de los que viven la represión directamente, expresada en medios independientes como este. La represión que vivimos y el advenimiento de una ola reaccionaria no hacen más que llamar a fortalecer las recuperaciones y organizaciones territoriales en todo el Wallmapu.