by La historia del lamuen Jaime Uribe Montiel yem es, en sí misma, una denuncia. No comienza con su muerte ni termina en la controversia por su sepultura; es la historia de un werken mapuche que durante más de una década enfrentó la persecución, la criminalización y el despojo en defensa del río Pilmaiken y del ngen Kintuante. También es algo más: una expresión concreta de un conflicto que se repite en distintos territorios, donde la defensa de la vida, el agua y los espacios sagrados se ve atravesada por intereses económicos que tensionan, dividen y transforman las relaciones comunitarias.
Jaime Uribe a Montiel Yem fallece el pasado sábado 11 de abril cerca del río Chirre, comuna de Río Bueno en un trágico accidente donde pierde el control de su vehículo, derivando en el despiste y posterior volcamiento de este, sin embargo su vida estuvo marcada por la defensa del río Pilmaiken y el filkemongen.
En 2015 fue encarcelado en el marco de la defensa territorial, el 9 de enero de ese año, en el sector Lumaco Bajo, a orillas del río Pilmaiken. Un predio que llevaba tres meses en recuperación fue desalojado con extrema violencia mientras se desarrollaba un trawun entre comunidades. Como consecuencia de ese operativo, un comunero perdió un ojo, y Jaime Uribe fue detenido y dejado en prisión preventiva bajo la acusación de haber disparado a un carabinero, hecho que fue desmentido por las propias comunidades presentes. Este episodio se transformó en un punto de inflexión, evidenciando el uso de la fuerza estatal y la construcción de imputaciones en contextos de movilización territorial.
Años después, el 12 de mayo del 2025 volvió a ser detenido, siendo interceptado sin orden judicial en un control policial mientras acompañaba a la machi Millaray Huichalaf. Fue trasladado por la fuerza, separado de su familia, incluyendo a sus hijxs, y posteriormente formalizado por delitos que han sido cuestionados por su falta de sustento. Organismos internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) calificaron estos hechos como parte de un patrón de detenciones arbitrarias, intimidatorias y de criminalización contra defensores mapuche williche del territorio del Pilmaiken. Además, se reactivaron causas anteriores sin evidencia concluyente, en un contexto que coincide con avances en procesos contra la empresa Statkraft, lo que refuerza la denuncia de utilización del sistema penal para obstaculizar la defensa territorial. En el último año, incluso fuera del país, enfrentó hostigamientos. No se trata de episodios aislados: se trata de una trayectoria de persecución sistemática contra quien decidió posicionarse en defensa de un territorio sagrado.
Su rol como werken fortaleció su compromiso con la defensa de la mapu y lo puso en el centro de la resistencia contra los proyectos hidroeléctricos en el Pilmaiken. Esa trayectoria se inscribe en un proceso que ya en el año 2014 denunciaba abiertamente la persecución política.
En un comunicado público de los Lof en Resistencia del río Pilmaiken emplazaba directamente al Estado de Chile: en lugar de judicializar las demandas de territorio, autonomía y libertad, debía retirar el proyecto hidroeléctrico Osorno y desmilitarizar Lumaco Bajo, territorio del ngen Kintuante. En ese mismo documento se denunciaba la participación de organismos de inteligencia, allanamientos ilegales, incluido el de la casa de la machi Millaray Huichalaf, y la manipulación de pruebas en los procesos judiciales. Lejos de ser hechos aislados, estas denuncias configuran un patrón sostenido en el tiempo: persecución político-judicial para desarticular la defensa de espacios sagrados.
Lo que ocurre hoy con su sepultura no puede desligarse de ese historial.
Los conflictos en su sepultura en el cementerio ancestral de Maihue-Carimallín dejó al descubierto una de las expresiones más crudas de este conflicto: la negación del derecho a descansar en el territorio donde construyó su vida, su familia y su pertenencia.
Comunidades mapuche williche han sido categóricas. Lo ocurrido no es un simple desacuerdo interno. Es una “profunda injusticia” y una “afrenta a la dignidad humana”. Y no lo dicen desde la retórica, sino desde normas propias. El eltún no es un espacio administrativo, es un espacio espiritual, organizado por linajes y vínculos comunitarios. Nadie,ningún grupo, ninguna autoridad tiene la facultad de apropiarse de ese espacio para excluir a otros.
En el caso del lamuen Jaime, su derecho es claro. Formó familia en el territorio, es padre de hijos e hijas que pertenecen a ese linaje y participó activamente de la vida comunitaria, como padre, pareja, vecino y amigo. Negar su sepultura no solo es una transgresión cultural, es un acto de violencia contra una familia en duelo, contra sus hijxs que hoy ven como la violencia de un conflicto económico le atraviesa hasta en el eluwün de su padre, en la tierra que les vio nacer y crecer.
Instrumentalización política del territorio, bajo intereses económicos.
Las propias comunidades denuncian que quienes el miércoles 15 abril intentaron bloquear su entierro mantienen vínculos con la empresa noruega Statkraft, responsable de la intervención hidroeléctrica en el río Pilmaiken. Es decir, el conflicto por la sepultura está atravesado por los mismos intereses económicos que durante años han fragmentado el territorio.
Aquí no hay ingenuidad posible: cuando un espacio sagrado se utiliza para castigar o excluir a quienes han liderado la oposición a proyectos extractivistas, estamos frente a una instrumentalización política del territorio.
Diversas voces del territorio han sido aún más directas en su diagnóstico. Denuncian que la empresa noruega Statkraft no solo ha intervenido el río Pilmaiken mediante proyectos hidroeléctricos, sino que ha desplegado estrategias sistemáticas de fragmentación comunitaria: financiamiento focalizado, becas, proyectos sociales y aportes económicos dirigidos a ciertos sectores. Estas prácticas, lejos de ser neutrales, han generado dependencia económica y han profundizado divisiones internas, debilitando las formas tradicionales de organización y toma de decisiones colectivas.
En Maihue, estas intervenciones han tensionado las relaciones históricas entre familias y comunidades, instalando disputas donde antes existían acuerdos consuetudinarios. Lo que hoy aparece como un conflicto por la sepultura de Jaime Uribe también es expresión de ese proceso: comunidades enfrentadas en un contexto donde el poder económico ha incidido directamente en la configuración del territorio.
En ese sentido, la defensa del río Pilmaiken no solo enfrenta a comunidades y empresa, sino también a un modelo que utiliza la precariedad rural como herramienta para resguardar intereses energéticos y capitales extranjeros. La fractura del tejido comunitario no es un efecto colateral: es una condición funcional para la viabilidad de estos proyectos.
Es aquí donde el caso de lamuen Jaime Uribe yem vuelve a dialogar en una escala mayor: lo que ocurre en este territorio no es excepcional, sino parte de una forma de intervención que, con matices, se repite en otros espacios donde la defensa del agua y la vida entra en conflicto con intereses extractivos.
La situación alcanza un nivel aún más crítico cuando se constata que el propio cementerio ancestral figura inscrito como propiedad privada de empresas eléctricas. Un espacio sagrado, reconocido por comunidades y organismos del Estado, reducido a un bien transable dentro de la lógica del mercado. Esa contradicción no es menor, es la evidencia concreta de cómo el despojo opera no solo sobre la tierra productiva, sino también sobre los espacios espirituales.
A pesar de fallos judiciales que ordenan avanzar en la restitución del complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante, el Estado ha sido incapaz, o ha optado por no dar cumplimiento efectivo a estas resoluciones. Esa omisión no es neutral, permite que conflictos como el de Maihue escalen y que los derechos consuetudinarios sean vulnerados sin resguardo.
La manipulación mediática de los hechos y las tensiones sociales.
La gravedad de este conflicto tuvo su punto más crítico el día 15 de abril de 2026, durante el propio eluwun del weichafe Jaime Uribe Montiel. Según denunciaron comunidades, autoridades ancestrales, familiares y la comitiva fúnebre, encabezada por la machi Millaray Huichalaf viuda del lamuen, fue bloqueada en el acceso al Cementerio Ancestral de Maihue-Carimallín por un grupo de aproximadamente 20 personas. Varios de ellos se encontraban encapuchados, armados con palos, fierros, motosierras y hachas, y en estado de ebriedad.
La situación escaló rápidamente a una agresión directa. Personas de la comitiva, incluidos familiares del difunto, resultaron heridas, registrándose incluso traumatismos encefalocraneanos abiertos. Los ataques se produjeron en presencia de niños, niñas y personas mayores, en un contexto de extrema vulnerabilidad. A esto se sumaron amenazas de muerte y advertencias de profanar la tumba en caso de concretarse la sepultura.
Lejos de tratarse de un hecho espontáneo, las comunidades sostienen que estos actos fueron precedidos por intentos organizados de impedir el entierro en días anteriores, así como por la ausencia de respuesta de las autoridades pese a advertencias formales. Esta omisión institucional permitió que la violencia se desplegara sin contención.
Las denuncias son aún más graves al señalar vínculos entre los agresores y sectores que reciben financiamiento de la empresa Statkraft, así como la presencia en el lugar de un abogado asociado a dichos intereses – ni nada más ni nada menos que el ex director del INDH Branislav Marelic, removido de su cargo el 2018 -, lo que refuerza la tesis de una acción coordinada. Para las comunidades, lo ocurrido no deja margen de duda: la violencia ejercida no proviene de quienes defienden el territorio como lo quieren hacer ver los medios tradicionales, sino de grupos que operan bajo una lógica de protección de intereses empresariales.
Este episodio marca un punto de no retorno. La violencia ya no es sólo judicial o simbólica: se expresa de forma directa, física y públicamente, incluso en un contexto tan sensible como un funeral.
Pero quizás lo más inquietante no es solo la violencia en sí, sino lo que revela. Lo ocurrido obliga a una pregunta más profunda: ¿cómo se llega a un punto en que comunidades que comparten territorio, historia y lazos familiares terminan enfrentándose de esta manera?
La escena de Maihue no puede entenderse únicamente como un conflicto interno. Interpela sobre las condiciones que lo hacen posible, sobre cómo las disputas por el territorio, cuando se cruzan con intereses económicos externos, pueden reconfigurar relaciones comunitarias, tensionarlas y, en casos extremos, fracturarlas.
No se trata de simplificar ni de imponer lecturas únicas. Pero sí de reconocer que cuando el conflicto se desplaza hacia dentro, cuando mapuche se enfrentan entre sí, se produce un efecto que trasciende lo local y para la sociedad wingka perpetúa estereotipos de pobreza y racismo. Ese desplazamiento, lejos de resolver las tensiones de fondo, tiende a favorecer la continuidad de los proyectos que están en disputa.
Maihue deja abierta esa interrogante. Y en esa pregunta, incómoda, necesaria, se juega también la comprensión de lo que está ocurriendo en el Pilmaiken y en muchos otros territorios.
Wallontu mapu ñi llaskun
Desde la Fütawillimapu, a lo largo del Wallmapu y hasta distintos puntos de América Latina, comunidades indígenas y rurales enfrentan escenarios similares: proyectos extractivos que avanzan sobre territorios de alto valor espiritual y ecológico, procesos de fragmentación interna, y conflictos que terminan reconfigurando las relaciones comunitarias. En ese marco, lo ocurrido en Maihue no es una excepción, sino una expresión local de una dinámica más amplia.
La pregunta entonces trasciende el caso: ¿qué ocurre cuando la defensa de la vida y del territorio se ve atravesada por intereses que operan fragmentando, tensionando y enfrentando a quienes históricamente han habitado y cuidado esos espacios?
Responderla no es inmediato, pero ignorarla permite que estos escenarios se repitan. Coberturas superficiales, sensacionalistas y marcadas por un sesgo racista han reducido lo ocurrido a “enfrentamientos”, invisibilizando el trasfondo estructural. No es solo mala práctica periodística: es la reproducción de una narrativa que legitima la estigmatización del pueblo mapuche y protege, indirectamente, los intereses que están en disputa.
Así, la historia del weychafe Jaime Uribe Montiel yem revela una cadena de responsabilidades, un dirigente criminalizado por defender su territorio, un conflicto territorial atravesado por intereses empresariales, un Estado que no garantiza derechos y un sistema mediático que distorsiona en lugar de esclarecer. En este punto, es necesario entender el rol clave que ha tenido la radio Bio Bio en expandir una imagen “demoniaca” de la Machi Millaray Huichalaf y que en este medio hemos venido denunciando. Acá también fue clave el rol que jugó el antropólogo Eugenio Alcaman, como constructor ideológico de la imagen satanizadora y violentista de la autoridad ancestral mapuche.
La muerte no cierra ese ciclo, lo expone.
Porque lo que está en juego en Maihue no es únicamente la transgresión ocurrida en el proceso debido de descanso del am, es el derecho a pertenecer, el derecho a la memoria y el derecho a la dignidad, incluso después de la muerte.
Negar eso no es un error, es una injusticia.
Lo que ocurrió en Maihue no puede leerse como un conflicto aislado ni como una simple disputa comunitaria, configura una forma de intervención estructural sobre el territorio mapuche williche, donde actores empresariales, con respaldo o permisividad estatal, inciden en la organización social, fragmentan el tejido comunitario y condicionan decisiones que deberían regirse por normas propias. Cuando el financiamiento, las becas y los proyectos se utilizan para dividir y reordenar comunidades en función de la viabilidad de un proyecto extractivo, estamos ante una práctica que reproduce lógicas coloniales bajo nuevas formas.
En ese marco, la negación del derecho a sepultura del lamuen Jaime Uribe Montiel no es un hecho aislado: es la expresión extrema de un proceso de despojo que alcanza incluso la dimensión espiritual. No solo se disputa la tierra. Se disputa el sentido de pertenencia, la memoria y la continuidad de un pueblo.
Nombrarlo con claridad es una responsabilidad: lo que está en curso en el Pilmaiken no es desarrollo, es intervención sobre un territorio vivo para resguardar intereses energéticos y capital extranjero a costa de las comunidades que lo habitan.
El Pilmaiken no es solo un río. Es tránsito, memoria y retorno. Por eso, impedir el viaje al ka mapu, que el püllü siga su camino es una interrupción violenta del az mongen, del ciclo de la vida que ha sido sostenido por generaciones por nuestros antiguos, no solo una decisión administrativa o un conflicto local.
