by Hasta el Juzgado de Letras y Garantía de La Unión concurrieron integrantes de la Comunidad Cacique Sebastián Loncochino, en el marco de una audiencia fijada por una querella presentada por Forestal Arauco. Mientras la comunidad ingresaba al tribunal, en las afueras pu peñi ka pu ñaña realizaron un ayekan de acompañamiento y apoyo al lof que enfrenta un proceso judicial, en defensa de su territorio.
La causa se origina tras una querella interpuesta por la empresa forestal a fines del año 2025, en contra de quienes resulten responsables por los presuntos delitos de usurpación no violenta y hurto de madera. En ese contexto, la empresa solicitó la aplicación del artículo 57 ter del Código Procesal Penal, una norma recientemente incorporada que permite requerir el desalojo de presuntos ocupantes de predios reclamados por empresas forestales, incluso antes de que exista formalización de cargos.
Según explicó la defensa de la comunidad -a cargo de Sergio Millamán- los integrantes del lof fueron citados a esta audiencia pese a que hasta la fecha no han sido formalizados ni sometidos a medidas cautelares por parte del Ministerio Público. Es decir, no existe aún imputación formal en su contra, pero igualmente se buscaba discutir la procedencia de una medida de desalojo.
La audiencia, sin embargo, fue suspendida y reagendada para el próximo 27 de julio. De acuerdo al abogado de la comunidad, esta era la primera comparecencia de la defensa en la causa, por lo que aún no se contaba con acceso íntegro a los antecedentes investigativos ni claridad sobre las diligencias que mantiene el Ministerio Público o los elementos probatorios que estaría utilizando la empresa forestal para sostener sus acusaciones.
Desde la defensa adelantaron que solicitarán el rechazo de la medida, argumentando que no existirían antecedentes suficientes para justificar un desalojo y cuestionando además el dominio invocado por la forestal sobre el territorio en disputa. A ello se suma la existencia de antecedentes históricos y comunitarios que dan cuenta de una presencia prolongada de las familias mapuche en el lugar.
Sin embargo, para la comunidad, el conflicto no se reduce únicamente a una discusión jurídica sobre propiedad o posesión. Dentro del lelfun de pu lamuen se encuentra el nguillatuwe, espacio ceremonial donde la comunidad ha levantado nguillatún como expresión viva de su vínculo espiritual y territorial. Allí también permanecen sus aliwen, espacios de profundo valor para las cabezas de esta familia, tanto por el descanso que resguardan como por el newen espiritual que representan para quienes habitan y sostienen el territorio.
En la müchulla, además, se han levantado y fortalecido roles fundamentales para la espiritualidad y el tejido social mapuche, como el de sungunmachife y tayültufe, responsabilidades asumidas por integrantes de la propia comunidad. Desde esa perspectiva, lo que hoy se discute en tribunales no involucra solamente una disputa territorial impulsada por una empresa forestal, sino también la continuidad de espacios donde se reproduce la vida espiritual, ceremonial y comunitaria mapuche williche.
La utilización de esta nueva herramienta procesal vuelve a abrir cuestionamientos respecto al avance de mecanismos judiciales que facilitan desalojos en territorios reclamados por comunidades mapuche, especialmente en contextos donde persisten disputas históricas por tierras ancestrales y donde existen espacios de significación cultural que forman parte de la memoria y continuidad de los lof.
Tras la suspensión de la audiencia, la comunidad y quienes acudieron a acompañarla se trasladaron hasta el parque urbano de La Unión, donde realizaron un nutramkan ka matetun. El encuentro permitió compartir reflexiones sobre el proceso judicial, fortalecer vínculos comunitarios y proyectar las próximas acciones de acompañamiento territorial y jurídico de cara a la audiencia fijada para julio.
Desde la comunidad adelantaron que, en caso de una resolución desfavorable, continuarán las acciones legales ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, buscando resguardar tanto a las familias como a los espacios de significación cultural presentes en el territorio ancestral.
