by Durante el 2023 se promulgó la Ley 21.600, conocida como la Ley SBAP o La Ley de la Naturaleza que dio origen a una nueva figura jurídica: las Áreas de conservación de pueblos Originario (ACPI). Estas áreas reconocen el derecho de las comunidades originarias a proteger territorios y ecosistemas amenazados, que, en coordinación con las ECMPO, permiten protegerlos tanto en la tierra como en el mar. Todo ello, bajo su propia administración y saber ecológico.
Esta ley entregó una herramienta legal, que, bajo la acción comunitaria, abre una posibilidad de resguardar territorios bajo amenaza. Entre estos, los ya afectados por Concesiones Mineras en la Fütawillimapu. Aquella situación, por sí sola, ya ha despertado una fuerte resistencia por parte del gran capital extractivista.
Desde el mes de octubre, la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) ha iniciado una ofensiva comunicacional en defensa de sus concesiones, denunciando que la ley podría “poner en riesgo la existencia del sector minero”. A su vez, gremios como SalmonChile han advertido que la Ley SBAP podría convertirse en “otra Ley Lafkenche”, dejando claro que el poder empresarial percibe a las ACPI como una amenaza directa a su modelo de expansión.
Las ACPI y las ECMPO aparecen así como piedras en el zapato del extractivismo, al mostrarse como herramientas legales que, si bien no son la panacea ni la solución final al despojo, combinadas con la organización comunitaria, pueden ser efectivas para ayudar a la defensa territorial.
En la Fütawillimapu, donde ya existen procesos de Consulta Indígena para definir el reglamento de estas áreas, las comunidades se preparan para un nuevo escenario de confrontación. No sólo frente al Estado, que busca mantener el control sobre los territorios, sino también ante los gremios empresariales que, a la vista del éxito de las ECMPO en el resguardo de los mares, buscarán deshacerse de cualquier obstáculo que impida la libre expansión del Modelo de acumulación capitalista. Y con mayor razón, si aquellos espacios son administrados por las mismas comunidades.
La Ley SBAP y el surgimiento de las Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas
Durante el año 2023, el antiguo Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), fue separado de CONAF y trasladado al Ministerio del Medio Ambiente. Ésto dio origen, en septiembre de 2023, a la promulgación de la Ley 21600, conocida como Ley de la Naturaleza o Ley SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas).
La Ley SBAP, en principio, tenía como objetivo dotar de un ordenamiento y orientación a las diversas áreas de protección medioambiental estatales y privadas ya existentes. Sin embargo, en su discusión, logró agregarse una nueva figura legal no contemplada anteriormente: Las Áreas de Conservación de Pueblos Originarios (ACPI). Al respecto, el marco legal señala:
Artículo 62.- Área de Conservación de Pueblos Indígenas. Denomínase Área de Conservación de Pueblos Indígenas un área ubicada en tierras indígenas o en espacios costeros marinos de pueblos originarios, en los que existen especies nativas, hábitats y ecosistemas naturales terrestres o acuáticos, relevantes para la conservación de la biodiversidad local, regional o nacional y que son voluntariamente destinadas y administradas para lograr la conservación de la biodiversidad a largo plazo, así como la protección del patrimonio natural.
El objetivo de esta categoría es la conservación de hábitats, especies, servicios ecosistémicos, y valores culturales asociados, así como los conocimientos locales y prácticas tradicionales relacionadas directamente con el uso de los recursos naturales en el área, siempre que sean compatibles con los objetivos de conservación de la misma.
En esta área podrán desarrollarse distintas actividades de usos ancestrales o consuetudinarios, así como actividades de uso sustentable, siempre que no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos que esta área provee.
En los hechos, el art. 62 reconoce dos situaciones clave. Se reconoce, por primera vez, el derecho de las comunidades de naciones originarias de poder resguardar territorio con riesgo ambiental crítico, así como espacios de importancia histórica para el pueblo en su conjunto. En segundo lugar, habilita que estas áreas sean compatibles con los Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios, las ECMPO, lo cual permitirá en los hechos, crear espacios de resguardo territorial comunitarios, tanto en tierra como en mar.
Esta situación abrió una fisura en el entramado legal chileno, que permite a los pueblos el tener, al menos, un blindaje legal que ayude a defender espacios y territorios estratégicos para su supervivencia. Por lo mismo, ambas situaciones ya tienen dos grandes disputas frente al mismo Estado y al Gran capital. Con el Estado y sus intereses, en cuanto al ejercicio real del derecho de autodeterminación de los pueblos consagrado en el Convenio 169, dentro de los ACPI. La otra, con el Capital, representado por sus Gremios empresariales, los cuales ven en estos espacios una amenaza directa a sus intereses en el territorio, y a los cuales ya le ha declarado la guerra, antes siquiera de iniciar su implementación real.
La Consulta Indígena sobre el Reglamento de las ACPI: la disputa por su efectiva autonomía política y territorial frente al Estado.
Tras años de lucha, La Red por la Defensa del Rio Ligkusra/Liucura, logró frenar la extracción de áridos que estaban destrozando el lecho del principal río que alimenta los campos de la Jurisdicción de Küyümko-Cuinco. En el proceso, lograron obtener la información de que, la promulgación de la Ley SBAP, permitiría postularlo como un Sitio Prioritario de Conservación. Así, vieron la posibilidad de blindarlo juridicamente frente a cualquier futura amenaza.
En ese caminar, lograron obtener la información de la formación de las Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas, y que en agosto de 2024, en San Juan de la Costa daría inicio, con un año de atraso, el proceso de Consulta Indígena, acerca del Reglamento vinculado a la Ley. En otras palabras, acerca de cómo funcionarán en los hechos las Áreas de Pueblos Originarios.
Recordemos que el Convenio 169 obliga al Estado a realizar las diversas Consultas, pero que el DL 22 del Ministerio de Desarrollo Social, mutila este proceso, al no tener carácter no vinculante. Basta con que ésta sea realizada para dar por cumplido el requisito constitucional. Esta situación es la que usa la maquinaria política del Partido del Orden para buscar conducir el proceso hacia sus objetivos, a través de diversos mecanismos y artimañas, muchas de ellas conocidas durante la Consulta del Informe Final.
Sin embargo, las experiencias de lucha que ha tenido la Red durante estos años, les ha enseñado que la misma asistencia a esta instancia, no firmando la hoja de asistencia del Estado, sirve en sí mismo como un método efectivo de presión y de protesta frente a cualquiera de estos intentos. Y esta vez no fue la excepción.
En primer lugar, el hecho mismo de que la Consulta en La Costa había iniciado con un año de desfase con respecto a la promulgación de la Ley. Ya en el comienzo del proceso, los representantes del Estado se habían presentado con un Reglamento predeterminado, que buscaba instaurar la creación de Parques Nacionales indigenas, con un funcionamiento similar a los estatales, y en los hechos, dependientes del poder central. Frente a ello, desde la Red, así como desde los presentes en las consultas, decidieron que ésto no se iba a quedar así, por lo que decidieron tomar cartas en el asunto.
Por otro lado, el Estado había tomado la decisión de hacer sólo dos procesos de Consulta, uno en “Costa Norte” y otro en “Costa Sur”, además de desfinanciar cualquier forma de asesoramiento que permitiera crear otro documento del mismo carácter. Dicho eso, tomaron la decisión de ir a contracorriente y redactar su propio Reglamento.
Recordemos que el Convenio 169, en sus arts. 2 y 5 reconoce el derecho de los pueblos a ejercer sus propias formas de gobierno dentro de sus territorios. En vista a aquello, durante seis meses, aun con dificultades económicas, se han dado cita para redactar un reglamento propio que realmente garantice tanto el resguardo ambiental como el ejercicio real de autonomía dentro de estos espacios comunitarios.
La lectura desde estos espacios es clara. Cualquier vía de defensa y recuperación territorial, ya sea por métodos legales y/o de confrontación directa, necesita un blindaje jurídico que permita reducir al mínimo las posibilidades del gran capital para encararlos de forma efectiva. Al mismo tiempo, al saber el poder que tiene el enemigo al frente, se evidencia la necesidad de fortalecer toda fisura que permita ganar tiempo para organizar cualquier otro tipo de resistencia.
Este camino, las ha llevado a irse vinculando, primero con las comunidades künko-lafkenche del “Litoral costeño” . Éstas, a su vez, les ha ido acercando a las diversas redes que, en toda la región de Los Lagos, se han ido articulando en torno a la Ley Lafkenche y el conocer, de forma directa, la lucha que hoy están dando por la defensa de esta ley y las ECMPO frente a la arremetida gremial que quiere destruirlas. De este modo, han logrado ir construyendo un entramado social que, no sólo les ha permitido acercarse a nuevos territorios, sino que ir articulando alianzas que permitan encarar los viejos y nuevos desafíos de la lucha por el territorio.
El borrador local este documento, fue presentado durante el reciente Nütramkawün por la Defensa del Territorio. Durante esta instancia, gestionada de forma autónoma y convocada desde el mismo territorio künko, los representantes locales de este proceso en la comuna dieron cuenta a sus comunidades del trabajo realizado durante todo este año, y a su vez, informando sin mediadores estatales ni al amparo de algún político, del proceso impulsado. La versión regional Los Lagos del documento será presentada a principios de noviembre.
Así, ésta será la propuesta que se llevará al resto de Naciones originarias de otras latitudes, para llegar a un acuerdo común. El objetivo es claro, lograr que las ACPI logren resguardar todos los espacios comunitarios que sean necesarios, así como que, en estos, se ejerza control real por parte de los pueblos, y no por el Estado o sus redes de poder.
Y estos dos puntos, hoy por hoy tienen en máxima alerta al Gran Capital en la Fütawillimapu.
La existencia de la ACPI y las ECMPO como piedra en el zapato para los planes del Gran capital en el Territorio
Para comenzar esta parte, es necesario recordar las palabras que el coordinador regional del Plan Buen Vivir, Cristian Caipillán, dio a El Sureño, – medio local cercano al Frente Amplio – al inicio de la Consulta Indígena sobre el Informe Final de la Comisión de Paz::
“El nuevo sistema de tierras debe acompañarse de otras medidas complementarias que impulsen la reparación a las víctimas de la violencia, el reconocimiento efectivo de los pueblos indígenas y la inversión en infraestructura habilitante y desarrollo productivo para las regiones del sur.”
Recordemos que, lo que ellos llamaron un “equilibrio entre reparación y desarrollo económico”, en realidad responde al objetivo político real tras el Informe Final. Este no es otro que instaurar, por la razón o la fuerza, un consenso social favorable al Capital transnacional y a las redes clientelares del Partido del Orden, para quitar del camino todas las trabas legislativas y humanas que impidan terminar de usurpar y depredar el territorio.
La instalación definitiva de las Mineras, Eólicas, Centrales de Paso, así como de la profundización del Monocultivo Forestal y Salmonicultor, tiene como condición el profundizar y acelerar el proceso histórico de Reducción de Tierras Mapunche. Como el Partido del Orden no logró validar el Informe, ahora el Estado aplicará en los hechos lo señalado: Todo aquel que se oponga a sus propuestas, aún si actúa por métodos pacíficos, pasará a ser considerado enemigo del Estado.
La ofensiva gremial: Salmoneras y Mineras en pie de guerra en la Fütawillimapu
Desde mayo de 2024 hemos sido testigos de cómo el Gran capital, a través de SalmonChile y las redes políticas y clientelares que éstas han formado en la zona, ha sostenido una guerra en contra de la Ley Lafkenche. Esta confrontación se enmarca dentro de los objetivos del Plan Salmon 2050, marco orientador de la política gremial de SalmonChile, el cual busca consolidar la posición mundial de Chile dentro de la industria.
Para lograrlo, uno de los objetivos es garantizar “las certezas jurídicas” que permitan el libre desarrollo del sector, para lo cual, es es necesario, en sus palabras, limpiar toda barrera que asfixie este crecimiento. Así, llaman de forma explícita a la llamada “modernización” de esta ley, eufemismo para su mutilación o derogación. Todo lo anterior, cuenta con la venia de los candidatos presidenciales del Partido del Orden. Es decir, sea quien sea que salga presidente buscará acomodarla a los intereses de la salmonicultura.
El otro es un objetivo común a todas las gremiales y multigremiales, en su carácter de organizaciones de Clase/Raza en pos de perpetuar la Ocupación colonial en el Wallmapu. Éste no es otro que profundizar una grieta que consolide, al mismo tiempo, la subordinación colonial del Pueblo Nación Mapuche y la subordinación de clase del Pueblo Trabajador Chileno. Para ello, éstas presentan la consolidación de los viejos y nuevos sectores económicos extractivistas, bajo el discurso del Crecimiento Económico/Empleo, como un objetivo común entre Explotadores y Explotados chilenos, y a nuestro Pueblo, como el obstáculo principal para conseguirlo.
Y es el sector salmonero, el que más ha hecho evidente esta estrategia. No es de sorprender entonces que el puntapie inicial para la ofensiva salmonera haya sido, precisamente, la marcha del 23 de mayo de 2024 levantada por SalmonChile y la Bancada Salmonera- En esta participaron por voluntad propia, tanto trabajadores afiliados a sindicatos de trabajadores salmoneros leales a la patronal, como personajes de ascendencia mapuche que han impulsado junto con la derecha política, el discurso del “pueblo veliche”.
Aquel día, fue la primera vez en que el CRUBC Los Lagos, rechazó en bloque solicitudes de ECMPO, situación que, se ha ido replicando durante este año y medio, evidenciando el carácter de política de Estado, y por ende, de Clase/Raza, de rechazar todas las solicitudes al respecto presentadas en Territorio Mapuche.
A su vez, esta ofensiva ha estado acompañada de una fuerte campaña mediática en contra de la Ley Lafkenche, las ECMPO y contra quienes las impulsan. Campaña que ha contado con el apoyo de figuras como el ex presidente Frei Ruiz Tagle, cuyo gobierno fue, precisamente el gran arquitecto de las redes de la globalización neoliberal en Chile. A la vista de los recientes hechos, este proceso se ha profundizado aún más, luego del rechazo en bloque del Informe Final de la Comisión.
Por lo mismo, no es de sorprender de que, en vista a la experiencia que el Sabotaje a la Ley Lafkenche le ha dado al Capital y sus organizaciones, sus representantes gremiales hayan decidido dar la pelea de antemano en contra de la la Ley SABP y las ACPI, usando un guión similar. Es más, en julio de este año, el mismo presidente de SalmonChile, Arturo Clement, lo señala abiertamente en la revista gremial Mundo Acuícola:
“El principal riesgo de no considerar la visión de los privados en los reglamentos está en que la ley SBAP se transforme en otra ‘Ley Lafkenche’”, advirtió. “Espero que no se transforme en otra barrera de desarrollo para el país. […] Clément señaló que si bien comparte el espíritu de la ley, calificó su implementación como “pésima política pública” y “nefasto para toda la industria nacional”.
En esta pasada, el nuevo actor que se suma a esta ofensiva, es la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI). La histórica gremial minera, por primera vez se manifiesta de forma pública sobre la defensa de las concesiones mineras y de la desregulación como un eje fundamental para el crecimiento económico. Esto no pasaría de ser algo anecdótico, si no fuera por el detalle de que, uno de los sectores que busca entrar con fuerza en la Futawillimapu es, precisamente, el de la Minería de Tierras Raras.
Este gremio, a través de su presidente Jorge Riesco, desde principios de octubre ha impulsado una ofensiva comunicacional, en la cual la Ley SBAP se presenta como un terremoto que pondría en riesgo la existencia misma del sector minero, comparándolo al mismo nivel del Proceso constituyente. Junto con lo anterior, plantean la existencia misma de los Sitios prioritarios como uno que pone en riesgo el sustento de miles de familias, creando el mismo ejercicio de unir a la Gran Minería del Cobre, la Mediana Minería, los Pirquineros y las familias mineras en torno a un enemigo común.
La misma SONAMI, en sus Redes Sociales, ha reunido diversas cuñas que dan cuenta del encuadre mediático construído al respecto. Link 1, Link 2.
Al respecto, creemos importante rescatar esta cita, de la misma gremial, que hace referencia directamente a las Concesiones Mineras existentes en el país y el peligro que esta ve ante la Ley SBAP:
“Respecto a las concesiones, hay más de 8.900 afectadas en total, con más de 4.200 solo en la macrozona norte. Esto podría generar restricciones significativas en las operaciones, mayores requisitos para obtener permisos sectoriales, e incluso se podrían ver obligadas a implementar costosas medidas de compensación ambiental.”
Esto último es importante, en consideración al avance de las Concesiones Mineras, sobre todo en la Cordillera de la Costa. Y he ahí en donde entramos al siguiente punto.
El recorte de los Sitios Prioritarios y la protección estatal a las Concesiones mineras
Dentro de lo que fue la presentación de la Ministra Maisa Rojas ante Comisión de Minería y Energía de la Cámara, debido a la presentación de los Sitios Prioritarios de conservación, el ya mencionado Jorge Riesco le dirigió las siguientes palabras:
“Aquí de lo que se trata es de castigar el extractivismo una vez más y volvemos entonces a los principios de este gobierno, en donde estábamos discutiendo si teníamos minería o no. Y yo creo que a esta altura esa discusión está zanjada”
Sin embargo, estos cuatro años de Restauración neoliberal encabezados por Boric demuestran que, por el contrario, su defensa del modelo ha sido impecable. Y la política de implementación de la Ley SBAP al respecto de los Sitios prioritarios es decidora al respecto. La nueva Ley, en su art. 3, n°31 los define como:
31) Sitio prioritario: área de valor ecológico, terrestre o acuática, marina o continental identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica o por constituir hábitats de especies amenazadas, priorizada para la conservación de su biodiversidad por el Servicio.
Paralelo a los procesos de Consulta Indígena, los días 3, 4 y 5 de septiembre, el Ministerio del Medio Ambiente se dedicó a presentar en el Diario Oficial. los diversos Sitios prioritarios contemplados en la Ley. Todos éstos, podrán ser reclamados públicamente durante los primeros treinta días luego de esta publicación.
Al respecto, el medio Ladera Sur denunció que, en los listados publicados, de los más de 300 sitios reconocidos en la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) y en las Estrategias Regionales de Biodiversidad (ERB), sólo fueron reconocidos 99, los cuales serían los únicos que contarían con todo el blindaje considerado por la nueva legislación. Por otro lado, El medio “Defendamos Patagonia”, a través de sus redes sociales, comparando el mapeo de los Sitios Prioritarios reconocidos por la ENB y la ERB, en comparación con la superficie recientemente aprobada como tales bajo la Ley SBAP.
Es evidente entonces, que en el caso de la Ley SBAP y las ACPI en específico, ya se está instaurando un escenario de confrontación empresarial con respecto a estos espacios. Y en este periodo de Restauración Neoliberal, un Estado y un Partido del Orden alineados con estos intereses.
En el caso de la Macrozona Sur, en esta pasada, el único Sitio Prioritario reconocido bajo La Ley SBAP en La Región de Los Lagos es la Cordillera de La Costa, o en estricto rigor, manchones de ésta. El asunto es que, precisamente es allí donde, actualmente se encuentran concentradas la gran mayoría de las concesiones mineras solicitadas en toda la Fütawillimapu.
O en otras palabras, tras quince años de agitación acerca de la llegada de la Minería de Tierras Raras en nuestra tierra, y de lucha en contra de las Concesiones solicitadas, ha llegado el momento de preparar la confrontación frontal contra estas y toda su maquinaria política, judicial y represiva.
Palabras al cierre
En estos tiempos de Multiculturalismo Neoliberal, el Estado Chileno y el Gran Capital, sólo validará a aquellas personas y organizaciones de naciones originarias que promuevan ciertos aspectos de la vida de nuestros pueblos. En específico, sólo aquellos que sirvan para proyectar una imagen de diversidad cultural funcional a la legitimación del Estado y que no toquen ni estorben los intereses del gran capital. Y esta carta al director, publicada por Jorge Riesco en El Mercurio el pasado 16 de Octubre, resume a cabalidad no sólo la postura de su gremio, sino el meollo del asunto.
Recordemos que el Modelo Neoliberal se llama así, pues es ante todo, un Modelo de Acumulación del Capital. Y cuando se tratan de luchas que apuntan directamente contra la existencia misma del Modelo de Acumulación en general, como del Patrón de acumulación de cada Sector económico en específico, tanto el Estado como el Gran Capital sacarán las garras para defenderse por la Razón o la Fuerza.
Si SalmonChile ha encabezado una lucha frontal en contra de la Ley Lafkenche es precisamente porque las ECMPO en los mares se han convertido en un freno real y concreto para el crecimiento de su modelo de negocio, a tal punto que la batalla por su eliminación se ha convertido en un Asunto de Estado. De la misma manera, si SONAMI ha salido a dar la batalla frontal contra la Ley SBAP, es precisamente porque en efecto, al ver la experiencia de las ECMPO, los Sitios Prioritarios y las ACPI para ellos constituye una amenaza real y concreta para la expansión de su modelo de negocio.
Entendemos que estos espacios no son la panacea, ni menos la solución final que nos conducirán hacia la autonomía. Sin embargo, en estos tiempos de Restauración Neoliberal, si entregan herramientas legales que, en manos de la acción comunitaria, permiten resguardar y defender territorios. Al frente hay un enemigo, que ha declarado públicamente que usará todos los recursos que tenga a su mano para terminar de depredar y devastar. Esto levantará en nuevos territorios, trincheras de lucha que, inevitablemente llevarán a escaladas represivas que pondrán a su gente en el dilema de entregar o no la otra mejilla.
