by Durante la jornada de este lunes 12 de mayo de 2025, la policía del estado procede a detener a Jaime Uribe Montiel, conocido defensor de Kintuante y actual pareja de la machi Millaray Huichailaf mientras regresaban de Temuco con destino a su mapu en Carimallin, territorio del Pilmaiquén. En declaraciones dadas a El Ciudadano por la machi, durante la detención no habría mediado provocación alguna por parte de Uribe, sin embargo, los efectivos policiales, bajo el argumento de una supuesta agresión, decidieron llevarlo hacia la Primera Comisaría de Lautaro, para que pasara la noche allí. Estamos ante un nuevo capítulo de la escalada represiva que el gobierno de Gabriel Boric está llevando a cabo en el territorio con el claro objetivo de criminalizar a todas las organizaciones e individuos de las diversas expresiones de la Resistencia mapuche en estas tierras y cuyo horizonte claro es la militarización de la Fütawillimapu en su conjunto.
La detención de Uribe Montiel se produce tras el regreso de la comitiva de la Machi Millaray Huichalaf a la Cárcel de Temuco para visitar a los Presos políticos mapunche encerrados en aquel lugar, y para nada fue un hecho aislado. Esta se produce a menos de tres semanas de la operación emprendida por la PDI contra varios defensores de Kintuante, entre ellos, la de Felipe Trunci en Chausrakawün. Ambas detenciones debemos entenderlas, primero, dentro del contexto propio de la lucha por el Ngen Mapu Kintuante y del Rio Pilmaiquén, iniciada en 2009.
Actualmente, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y CONADI están impulsando un nuevo intento para implementar la Consulta Indígena sobre la Central Los Lagos. La misma que ambas instituciones estatales sabotearon deliberadamente en mayo de 2024, montando dos consultas paralelas: una en Carimallin con la mayoría de las müchulla del lugar, y otra en Osorno, con cuatro comunidades que trabajan en conjunto con Statrkraft.
Recordemos que, tras años de confrontación directa y prisión política, en enero de 2023 la estatal noruega decidió desistir y entregar a las comunidades el terreno en donde vive Kintuante, pero que, a pesar del dictamen de la Corte Suprema que los obligaba a iniciar el proceso de restitución, éste aún no había ni ha sido concretado. Tras todo lo anterior, el Ayllarewe decidió hacer una protesta a las afueras de la Central el 29 de junio de aquel año, para dar a conocer ambas situaciones, a sabiendas de que, hoy por hoy, el destrabe real de la situación pasa por un acuerdo bilateral entre el Estado chileno y el Estado Noruego. Desde Oslo están dispuestos a echar todo atrás si se lo piden desde Santiago, pero las intenciones de La Moneda en el territorio son claras.
Y precisamente por estas intenciones es que debemos entender esta escalada represiva, no de forma aislada, sino como parte de un proceso aún más grande. Incluso la gente de Pilmaiquén, que hoy está buscando resolver su proceso por medios institucionales, no se libra de la persecución policial. Porque aquí lo que el Estado busca es hostigar a la lucha territorial más mediáticamente conocida fuera de la Fütawillimapu. Además, pretende ser otro acto más de escarmiento para el resto de las recuperaciones territoriales que, desde el año 2022, se han levantado en todo el resto de nuestro fütalmapu.
Recordemos que la misma delegada provincial de Osorno, Claudia Pailalef, a menos de tres horas de realizados los allanamientos en Purrrehuin y Winkül Kusra en diciembre del año pasado lo dijo claramente a Radio La Voz de la Costa:
“quisiera señalar que este es un ejemplo más de que estamos viendo, de que se ha dado a nivel nacional, también en nuestra región de Los Lagos, que es el trabajo de las policías y también del ente persecutor ha arrojado buenos resultados. En ese sentido, como gobierno valoramos aquello y también es importante el poder destacar de que se ha restituido el estado de derecho en nuestra provincia y que cuando se tratan materias que tienen alguna injerencia relativa a demandas de tierra, el Estado tiene la institucionalidad y tiene también sus mecanismos”.
Estas palabras cobran un valor aún más macabro en vista a la luz de cómo se han ido dando los acontecimientos. Durante este martes 06 de mayo, la Comisión por la Paz y el Entendimiento, presentó su informe final. Ésta ha establecido la creación de una falsa paz favorable a los Colonos latifundistas, las redes clientelares del Partido del Orden y al Capital Transnacional para el cual gobiernan.
En primer lugar, se basa en una serie de medidas favorables a la profundización de los proyectos extractivistas, tales como la liberalización del mercado de tierras a través de la facilitación de los arrendamientos de terrenos y de la subdivisión de los terrenos comunitarios. Así como la posibilidad de la renuncia definitiva a la recuperación de un pedazo de tierra para cientos de familias mapunche por un par de pesos y beneficios que hoy se entregan sin esa condicionante.
En segundo lugar, por un “nuevo orden” que equiparando al mismo nivel al colonizador y al colonizado como víctimas, el Estado, omitiendo deliberadamente su rol como parte del conflicto, se disfraza como mediador y realiza una delimitación más estrecha de los interlocutores válidos a un puñado de comunidades jurídicas y autoridades ancestrales validadas por éste. Todo lo anterior, dentro de una parodia de “Estado plurinacional” sometido a las redes militantes del Partido del Orden.
Así, estamos otra vez ante otro capitulo de la vieja receta del Multiculturalismo neoliberal de los treinta años, la división entre “mapuches buenos” e “indios malos”, solo que a los primeros hoy se les exige sumisión total a los intereses de las clases dominantes, sus expresiones políticas y sus intereses. Todo lo que ha quedado fuera de esta “nueva paz”, pasará a ser un asunto del Ministerio de Seguridad. Esto es tan así, que dentro del documento la única mención real a la existencia de las comunidades en resistencia y a las organizaciones de la Franja Autonomista, es su caracterización como “grupos organizados involucrados en el tráfico de madera y de armas” y como incitadores de la “Crisis de Violencia Rural” que supuestamente contribuiría a profundizar la pobreza en la región al no permitir “el desarrollo productivo”, que no son más que las forestales y salmoneras reclamando vía libre para la devastación.
En otras palabras, estos cuatro años de persecusión policial, de promulgación de leyes represivas y profundización de la guerra sucia y de baja intensidad, que hoy anhelan extender el Estado de excepción constitucional a la Fütawillimapu, son la auténtica respuesta del Estado a todo aquel que ose apartarse una coma de lo que, hasta septiembre de 2022, le llamaban “La Via política”, como si la Vía autonomista no fuera una vía política legitima por sí misma, que claramente lo es. Todo lo anterior, ha sido impulsado y legitimado de la mano con la prensa oficial, tanto de circulación local, tales como Paislobo, Los Austral de Temuco, Valdivia y Osorno, junto con El Llanquihue, como por medios de circulación nacional, sobre todo Radio Bio Bio, medio que en marzo de 2025, apuntó en una nota a todas las comunidades en resistencia a las cuales hoy se busca directamente criminalizar.
Hacemos un llamado a estar atentos a los acontecimientos, a seguir solidarizando con las recuperaciones territoriales y a seguir acompañándonos con aun más firmeza con nuestras personas de confianza. Sólo nosotros nos podemos dar la mano, pues ha quedado claro una vez más que el llamado “Gobierno de los Derechos Humanos”, es sólo la expresión de las clases altas y clases medias acomodadas chilenas y sus intereses, alineados con el capital transnacional, la profundización de los negociados extractivistas y el “Capitalismo verde” en el territorio, los cuales defenderán por la razón o la fuerza. Estamos claros de que ni el CNM, ni CONADI, ni menos la inoperancia del INDH, hoy por hoy son instituciones de confianza, pues son parte del mismo entramado de legitimación del aparato represivo que la Concertación y sus hijos Frenteamplistas ha impulsado, el cual está hecho a la medida de lo que las organizaciones de clase-raza de los colonos latifundistas le han pedido. Cuyo objetivo es perseguir y desarticular a toda expresión de lucha que denuncie en palabra y acción al orden neoliberal vigente. En este caso, a la Franja Autonomista del Pueblo Nación Mapuche, sus organizaciones y sus individualidades en nuestra Fütawillimapu.
